Exige la liberación de Pablo López Alavez

ienen mala suerte quienes defienden los bosques mexicanos, como es el caso de Pablo López Alavez, quien luchó durante décadas para proteger el bosque de la voracidad del talamonte empresarial, y el agua para el sustento de San Isidro Aloapan, Oaxaca. Un buen día, esos mismos insaciables, fastidiados de su tenacidad y congruencia, le tendieron una emboscada y le colgaron el sambenito de un asesinato; así lograron encerrarlo en el penal de Etla. De esto hace ya 12 largos años.

l 9 de agosto se conmemoró el aniversario 19 de la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno (JBG), que sustituyeron a los Aguascalientes y sus autoridades, y que constituyen las formas regionales o zonales del autogobierno de pueblos (tseltales, tojolabales, mames, tsotsiles, choles y zoques), comunidades y municipios que se agrupan en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En 2019 el EZLN informó sobre la creación de otros siete caracoles, además de los cinco existentes, y cuatro nuevos municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), para conformar un total de 43 instancias de autogobierno a partir del principio del mandar obedeciendo, en lo que se consideró, por el subcomandante Moisés, como la ruptura del cerco contrainsurgente y la derrota de su estrategia de cooptación clientelar, impuesta por los sucesivos gobiernos. Así, las sedes de estos caracoles fueron instaladas en territorios de municipios oficiales: cuatro en Ocosingo, Amatenango del Valle, Tila y San Cristóbal de las Casas, mientras los cinco originales se encuentran en La Realidad (Selva fronteriza), Morelia (Tsots Choj), La Garrucha (Selva Tseltal), Roberto Barrios (Norte de Chiapas) y Oventic (Altos de Chiapas).

l informe del subsecretario Alejandro Encinas devela lo que realmente ocurrió en las calles de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y en las semanas, meses y años siguientes. Y no fue precisamente un mero acto de connivencia de bajo nivel entre autoridades municipales y un grupito especialmente violento de narcos, como pretendió hacerlo creer el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino una omisión criminal en los tres niveles de gobierno seguida por una persistente voluntad de encubrimiento que duró hasta el 30 de noviembre de 2018 y que incluso ha permanecido después de esa fecha en estratos inferiores de la administración y en grupos e individuos ya ajenos a ella. Y hace falta saber más.