in la mínima represión a la disidencia y a la crítica en sus variadas formas, se provocan múltiples usos de ellas. Algunas personas –del ámbito público– emplean rodeos mediante famosos ejemplos citables. Otros lo hacen de manera por demás abierta, ofensivas incluso, sin temor alguno al posible castigo. Entre estos dos extremos se encuentra una amplia gama de prácticas para dirigirse al poder establecido. En un día cualquiera se puede leer, oír o ver innumerables tipos de tales usanzas.

El señor Enrique Krauze recurre, ahora, a una época racialmente inestable, peligrosa, pero útil para situar y dar contenido a su ruta crítica: la Europa beligerante, revolucionaria, confusa y antisemita. En ese contexto usa a un autor de prestigio sociológico, Max Weber, para dirigir sus dolores y corajes hacia el Presidente mexicano. Decide atacar por el ya muy machacado flanco del autoritarismo populista, del narcisista ungido, engreído redentorista, para concluir con la consecuencia de tales rasgos personalizados: la irresponsabilidad ante las consecuencias de sus actos. Supone, este crítico inveterado, ya agotado en sus pocas ideas, que Weber podía tipificar, sin error alguno, al poderoso. No importando para ello donde fuera, en los infinitos contextos y en los tiempos que se tocarán. El extenso, profundo y probado pensamiento del autor encontraría, sin duda alguna, la aplicación inequívoca y precisa. La serenidad y sutileza de Krauze queda así plasmada y placeada, sin necesitar toda su palabrería posterior. El lector puede estar seguro de lo que se pretende: la condena irrebatible de AMLO que no asumirá los nocivos efectos de sus (susodichas) transformaciones. Asunto concluido y remachado, una vez más, auxiliado por el conjunto de opositores. Todo está demostrado y no hace falta ni citar al imperfecto para saber de quién se trata.

Pero abundan también otros que, usando de manera insistente su alardeado y convenenciero dominio de la macroeconomía –y de la micro también– recitan, con pasmosa seguridad y constancia, sus terribles augurios condenatorios. No solamente respecto de un caso en particular, con el que están en desacuerdo, sino con todos los actos de este gobierno. Son, en verdad, totalizadores de la oposición corajuda y enterada. Van y vienen por los vericuetos de las decisiones del poder con una sapiencia que raya, sin duda, en la altanería. Publican sus domingueros artículos al unísono en el diario Reforma de la capital, un medio que, al paso de cada uno de los días y sus acerbos desacuerdos, usa y desusa recursos difusivos con irrefrenable saña. Desde su asumida alta e infalible tribuna moral, se ha autonombrado corrector estricto, vigía implacable y rector del acontecer nacional. Aquellos críticos ya nombrados (L. Rubio y Mayer Serra) coinciden en volver a enjuiciar al gobierno y, en particular, al Presidente.

Asumen, olímpicamente, su necia incomprensión y rampante desconocimiento de lo que se avecina: el delicado y oneroso diferendo con Estados Unidos y Canadá. Como muchos –casi todos– de sus compañeros de viaje opositor, certifican sus condenas a la parte mexicana. Los estadunidenses, para ellos, están en lo correcto e impondrán sanciones inevitables a los ignorantes transgresores. ¡No hay para dónde hacerse! El toro no sólo embestirá, cogerá al muletero. La citable cláusula 8 del T-MEC que resguarda la soberanía energética no viene al caso según tan insignes y laureados articulistas.

Aunque tampoco, sobra decirlo, ellos sí conocen los vericuetos y referentes de los reclamos. Hay, en varios de sus alegatos, imprecisiones varias: no se pretende volver monopolio a la CFE, por citar una. Reservar 46 por ciento de la generación a los privados es algo que se ignora. Decir que el gobierno descarta o ningunea la generación limpia es, simplemente, mentir. El sistema nacional ya usa una cantidad muy elevada de esas generadoras intermitentes. Abundantes estudios, incluyendo a la OCDE, concluyen sobre el elevado costo de dichas alternativas limpias. En México se llegó al límite que pone en entredicho la estabilidad del sistema. Quienes predican usarlas, pero no lo hacen, en su amplitud y proporción, son los privados.

Una sustantiva parte de lo que se tratará, en específico, se refiere a desviadas prácticas de la debida competencia a la que, por la ley Peña, se obliga, tanto a CFE como a Pemex. En efecto, hay modificaciones a ciertas (pocas) normas, porque algunas ocasionan grave daño a la CFE o a Pemex. Son, en realidad, abusos –e ilegalidades– incrustados en la práctica y derivados de la trampeada reforma energética de 2013. Situación que se trató de corregir en la iniciativa presidencial que fue irresponsablemente rechazada por la torpe postura opositora a ultranza. De quienes han sobrepasado los límites honestos de la crítica, poco hay que agregar. Seguirán haciéndolo sin penalidad alguna, pero con creciente desprestigio.