El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que analiza una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre un caso de mala praxis médica ocurrido en Querétaro, que derivó en la amputación de las dos piernas y la extirpación del útero a una paciente que acudió a una clínica de dicha institución para que le quitaran un dispositivo intrauterino (DIU), entre septiembre de 2018 y julio de 2019.

En una tarjeta informativa, el IMSS refrendó su disposición a cooperar con la CNDH y expresó su compromiso con el cuidado de la salud oportuna y adecuada de sus derechohabientes.

La recomendación 118/2022 de la CNDH, difundida el martes pasado, expuso que personal del hospital general regional número 1 y el de la unidad de medicina familiar número 9 (UMF-9) del IMSS transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal y a la salud sexual y reproductiva, además de dañar el proyecto de vida de una mujer de 27 años, por diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico inadecuados de un DIU traslocado, lo que generó una infección generalizada que la llevó a un paro cardiaco con 30 minutos de reanimación asistida, choque séptico, extirpación del útero y un ovario, así como a la amputación de ambas piernas.

Señaló que la atención otorgada no fue oportuna ni adecuada, principalmente en la UMF-9, donde las autoridades señaladas como responsables emitieron un diagnóstico sin estudios clínicos de laboratorio, rayos X o ultrasonidos, y sin tomar en cuenta el retiro de DIU que le habían practicado.

Además, la CNDH consideró que el pronóstico de vida de la víctima es grave por las complicaciones derivadas de la inadecuada atención médica, que le dejaron secuelas permanentes.

Pide apoyo vitalicio

La defensoría solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, la inmediata reparación del daño, lo que incluye el pago de una compensación económica; que se procure a la víctima acceso a programas sociales que le brinden oportunidades de desarrollo, se le otorgue de forma vitalicia la atención médica que requiera y todos los dispositivos de prótesis necesarios.

Asimismo, se deberá colaborar con el Órgano Interno de Control del IMSS para que se tramite y dé seguimiento a la denuncia penal que se presentará.