La Organización Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que garantice justicia y protección para los pueblos y comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, luego del homicidio de dos jesuitas el pasado 20 de junio.

En un pronunciamiento, el colectivo subrayó que el asesinato de los sacerdotes Joaquín César Mora y Javier Campos, defensores de derechos humanos de comunidades rarámuris, ódamis y mestizas, no se trata de un hecho aislado, pues dicha zona enfrenta discriminación, despojo de territorio, marginación, sobrexplotación económica, violencia de género y deliberado abandono de las autoridades.

Según el IPRI –organización sin fines de lucro con sede en Filipinas–, el crimen organizado se ha beneficiado de la impunidad y la colusión con autoridades locales para incrementar su nivel de control y violencia. La muerte o el desplazamiento forzado han sido regla para la población.

Asimismo, el colectivo recordó que, según reportes periodísticos, al menos 30 autoridades o voceros indígenas han sido asesinados en la zona, entre ellos Isidro Baldenegro --rarámuri ganador del Premio Ambiental Goldman 2005– y su hermano José Trinidad en marzo de 2022.