ntre las muchas problemáticas que enfrenta nuestro país de cara a su viabilidad, existen dimensiones poco visibilizadas, pero de gran trascendencia, que es urgente poner en primer plano para poder diseñar políticas públicas que nos permitan evitar su agravamiento en el futuro. Es el caso del envejecimiento poblacional del país y sus implicaciones, tema sobre el que pone foco en su informe más reciente el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

El reporte da cuenta de la transformación demográfica que está en curso a escala nacional, caracterizada por la reducción tanto del índice de mortalidad como del de fecundidad, lo cual está produciendo una dinámica de envejecimiento generalizado en la población que se refleja ya en los últimos censos poblacionales. Este proceso se analiza desde un enfoque de derechos, que asume que la vejez es producto de las condiciones a lo largo de toda la vida de las personas. Enseguida recuperaré algunos puntos claves del informe.

El envejecimiento en México ha sido un proceso paulatino. En 1980 las personas de 60 años y más representaban 5.4 por ciento del total de la población, en 2020 eran ya 12 por ciento y se prevé que serán 21.5 por ciento hacia 2050. Asimismo, la esperanza de vida en 2020 se situó en 75.2 años, 30 años más que la estimada en 1950.

Estas cifras deben ponderarse con la mayor seriedad, pues el envejecimiento poblacional planteará a nuestra nación retos inéditos en materia de infraestructura de cuidados y servicios; sistema que hoy mismo no logra satisfacer las necesidades de la población adulta mayor, como lo evidencia el informe en su análisis sobre las condiciones actuales en diversos rubros directamente relacionados con la calidad de vida.

La insuficiente cobertura del sistema de seguridad social y los bajos montos de las pensiones provocan que una gran parte de la población adulta mayor deba desempeñar trabajos poco pertinentes para sus condiciones y pobremente remunerados, por lo cual deben enfrentar cotidianamente un panorama de alta inseguridad económica. El informe señala también que, en México, más de 31.6 por ciento de las personas adultas mayores trabajan, y apenas 10.6 por ciento recibe una pensión. El bajo nivel de escolaridad es otro condicionante que agudiza la precarización laboral de este sector de la población, pues sólo dos de cada 10 personas mayores cuentan con una escolaridad de secundaria o mayor.

Debido a lo anterior, la pobreza es una condición vigente para 54.6 por ciento de la población adulta mayor, y ello atraviesa de forma significativa todos los ámbitos de su calidad de vida, especialmente la dimensión de salud. El 21 por ciento de la población adulta mayor no tiene acceso a algún servicio de salud básico y esa inaccesibilidad la pone en mayor riesgo, pues es en ella en la que se observa una incidencia más alta de padecimientos como la hipertensión, presente en 43.4 por ciento de los adultos mayores; la diabetes, en 24.5 por ciento, y el cáncer que sufre 2.7 por ciento. A estos padecimientos hemos de sumar las limitaciones relacionadas con la movilidad, presentes en 36.1 por ciento de la población adulta mayor; de la visión, en 35 por ciento, y de la audición, en 22.9 por ciento; lo que las predispone a una mayor dependencia de los cuidados de terceras personas.

Las anteriores carencias parecen arraigarse en la prevalencia de un imaginario sociocultural que reivindica el utilitarismo como valor preminente y que correlativamente expulsa al adulto mayor a una posición relegada. En este sentido, el informe abona cifras que debieran inquietarnos como sociedad: 9.5 por ciento de personas adultas mayores declararon recibir maltrato, abandono o despojo de sus bienes; 55.2 por ciento ha sufrido discriminación por su edad; 28.1 por ciento ha experimentado marginación por sus creencias religiosas y 21.5 por ciento ha padecido exclusión por su manera de hablar. Asimismo, más de 50 por ciento de los adultos mayores opinan que las personas de su edad son una carga para su familia y cuatro de cada cinco advierten que las personas se desesperan con ellos.

El informe culmina con una serie de recomendaciones muy relevantes para el diseño de políticas públicas, entre las que destacan garantizar un ingreso mínimo y suficiente a todas las personas adultas mayores, mejorar sustantivamente los servicios de salud; fortalecer la creación de áreas y formación de personal especializado en cuidado y atención geriátrica y gerontológica; fortalecer los programas de acceso gratuito a medicamentos, garantizar la correcta alimentación de la población adulta mayor y crear un sistema de cuidados domiciliarios; impulsar condiciones de movilidad urbana más incluyentes, crear centros comunitarios en las zonas de mayor concentración de población adulta mayor, e instituir un Centro de Coordinación de la Política a las Personas Adultas Mayores que articule las acciones focalizadas para este grupo poblacional desde todas las áreas del gobierno.

Con este estudio, el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla pone sobre la mesa un tema que inevitablemente irá cobrando relevancia en los años próximos y sobre el cual conviene asumir una perspectiva de prevención y no de reacción.