Opinión
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Asalto al Capitolio: democracia en entredicho
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e celebró ayer la primera audiencia pública del comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021 por una turba incitada por el ex presidente Donald Trump. El jefe del comité, Bennie Thompson, aseguró que los sucesos de aquel día fueron la culminación de un intento de golpe de Estado al centro del cual se encontraba el magnate. Por su parte, el representante demócrata por California y miembro del comité, Adam B. Schiff, afirmó que en el transcurso de las seis audiencias programadas se demostrará la existencia de un esfuerzo múltiple para anular una elección presidencial, y cómo una estrategia para subvertir la elección condujo a otra que culminó en un ataque violento a nuestra democracia, pues se trata de una historia importante, la cual debe contarse para asegurarse de que nunca vuelva a suceder.

A lo largo de casi un año, el comité entrevistó a más de mil testigos y examinó 140 mil documentos, videos, audios y otras evidencias. En la primera sesión pública, se divulgaron imágenes nunca antes vistas de la irrupción en la sede legislativa, mismas que causaron conmoción entre el público, y en particular a personas como Sandra Garza, pareja de un policía que falleció por las heridas que le fueron infligidas por los fanáticos trumpistas. Asimismo, se dio lugar a testimonios como el de Caroline Edwards, la primera agente del orden lesionada cuando los manifestantes cargaron contra el edificio del Congreso, o el del documentalista Nick Quested, quien filmó los desfiguros de la organización ultraderechista Proud Boys.

A casi año y medio de lo que se ha considerado el mayor ataque contra la democracia en la historia reciente de Estados Unidos, uno de los aspectos más inquietantes es que hasta hoy el Partido Republicano sigue cerrando filas de manera casi unánime, si no para apoyar lo ocurrido, sí para asegurarse de que el ex mandatario, sus asesores y cómplices más cercanos permanezcan en completa impunidad. Esto, pese a todas las pruebas de que Trump es el principal responsable de lo ocurrido: primero por construir y sostener durante meses una narrativa de fraude electoral carente de cualquier evidencia, después por incitar a sus seguidores a acudir a Washington el día en que debía cumplirse el trámite para certificar la victoria en las urnas de Joe Biden, así como por, ese mismo día, arengarlos a dirigirse al Capitolio y, por último, por negarse a enviar a la Guardia Nacional para refrenar a la turbamulta cuando ésta ya se encontraba fuera de control. En este sentido, la congresista Liz Cheney aseguró que fue el entonces vicepresidente, Mike Pence, quien autorizó el envío de ese cuerpo, lo cual habría generado alarma en el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley.

Muestra de esta determinación del republicanismo para proteger a Trump es que sus legisladores impidieron la instalación de un comité bicameral, y que los únicos dos republicanos que participan en la investigación, la propia Cheney y Adam Kinzinger, recibieron la censura el Comité Nacional Republicano (CNR), una acción que nunca se había presentado contra ningún republicano en funciones en el Congreso. Como reclamó Cheney a sus correligionarios tras mostrar fragmentos de entrevistas que documentan la intención de Trump de permanecer como presidente en violación de la Constitución, llegará un día cuando él ya no esté presente, pero el deshonor de quienes lo defendieron permanecerá.

Quizá la mejor conclusión a lo que ocurre es lo dicho por el diputado Thompson, quien estimó que el mundo los está observando porque Estados Unidos ha sido un faro de esperanza y libertad, un modelo para otros... ¿cómo podemos jugar ese papel cuando nuestra casa está en tal desorden?: es cuestionable el rol modélico que el político de Misisipi le adjudica a su país, pero no cabe duda de que las pretensiones de Washington de dictar a otros cómo deben conducir sus asuntos se tornan absurdas ante la magnitud de sus problemas internos y la manifiesta incapacidad de sus instituciones para procesarlos.