En su informe anual 2021, difundido ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que entre los principales retos del Estado mexicano está el cerrar la brecha entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimenta un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva, así como redoblar sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a las garantías.

Advirtió que continúan siendo de especial preocupación temas desarrollados desde 2015 en su informe sobre su visita al país, como el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación. Al respecto indicó que pese a los avances, hay pendientes como la creación de programas y bases de datos, y que no se haya remitido a este organismo información sobre la creación y funcionamiento de las fiscalías especializadas en investigación de delitos de desaparición en las entidades federativas.

Igualmente señaló que recomendaciones como la relacionada con desarrollar un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública se encuentran pendientes de cumplimiento. Observó que incluso si normativamente las reformas constitucionales determinaron que la Guardia Nacional es un órgano civil con funciones policiales, en su operación actual continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura de tipo militar.

En este sentido, expresó su preocupación por las declaraciones del Poder Ejecutivo en favor de las fuerzas armadas frente a posibles acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Consideró necesario que en un contexto como el actual, el Estado refuerce sus discursos sobre rendición de cuentas y lucha contra la impunidad.

Sobre la recomendación de asegurar que, en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material, sino que incluya la responsabilidad de la cadena de mando, la CIDH señaló que la información remitida por el Estado fue reiterativa y la evidencia no muestra avances de la implementación de esta práctica en el plano jurisdiccional.

También destacó que México aún no ha creado un programa nacional de prevención de la tortura ni un registro nacional de este delito.

En el documento, que fue elaborado con información solicitada al Estado y organizaciones, entre otros insumos, indicó que si bien se han registrado avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones, persisten desafíos en materia del fortalecimiento de la institucionalidad en derechos humanos, específicamente en cuanto a la promoción de la igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, la protección de defensores y periodistas, así como de las víctimas de violaciones a diversas garantías.

También subrayó que la información presentada por el Estado no contenía informes proporcionados por los órganos de procuración de justicia.