ecilia Monzón, ex funcionaria pública, abogada penalista y defensora de mujeres, fue víctima de la violencia cuando dos sujetos armados la interceptaron y asesinaron el 21 de mayo en San Pedro Cholula. La Fiscalía General del Estado de Puebla declaró que se trata de un hecho inusual en el contexto del estado; sin embargo, se inscribe en una dinámica de violencia que a escala nacional sufren las mujeres, activistas y defensores de derechos humanos, que se expresa en hechos y cifras recientes que evidencian la crisis estructural de justicia por la que atraviesa el país.

El 23 de mayo fueron asesinados tres abogados en la Ciudad de México y, en Oaxaca fue ultimado el defensor Humberto Valdovinos; un día después fue encontrado sin vida en Michoacán el abogado Noé Godínez, quien había sido reportado como desaparecido el 18 de mayo. Todos los casos mencionados no están, por cierto, incluidos en el reporte más reciente sobre la violencia contra defensores de derechos humanos publicado por la Secretaría de Gobernación, que reportaba 94 asesinatos desde el inicio del actual sexenio hasta septiembre de 2021.

Respecto de la violencia feminicida, datos de la fiscalía de Puebla señalan que, desde el inicio de este año y hasta el 30 de abril, se cuenta con siete carpetas de investigación por feminicidio, cifra que contrasta con los 19 probables feminicidios registrados por el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla en el mismo periodo, a los cuales en el mes de mayo se han sumado cinco casos, para un total actualizado de 24 posibles feminicidios hasta hoy; el último corresponde al referido de Cecilia Monzón. Con ello, el registro acumulado por la fiscalía estatal desde 2015 contabiliza 230 carpetas de investigación por feminicidio, en tanto que el citado observatorio documenta 578 probables feminicidios en Puebla en el mismo periodo.

En contraste, hasta octubre de 2021 el Poder Judicial de Puebla registraba sólo 16 sentencias condenatorias por feminicidio, lo cual constituye una muestra de la crisis de impunidad que padece el país, cuya estimación numérica varía según el organismo que la mida, pero que, en una ponderación consensuada, se ubica por encima de 95 por ciento.

De este modo, el nombre de Cecilia Monzón se suma a las miles de víctimas fatales de la violencia en México, y las voces que exigen justicia en su caso se aúnan al clamor de decenas y cientos de miles de mexicanos. La fiscalía de Puebla ha anunciado su compromiso para aclarar el homicidio lo antes posible, y no descarta entre sus líneas de investigación la violencia por motivos de género, dada la naturaleza de su labor y sus antecedentes de litigio.

Desde luego, la violencia política de género que Cecilia había denunciado en cuatro ocasiones ha dado pie a la politización del caso, ingrediente que pone en riesgo la pulcritud de la debida diligencia que merecen Cecilia y su familia. Al estado y la fiscalía les corresponde manejar el caso con total independencia e imparcialidad, para lo cual resulta imperativo que se guíen en todo momento por las orientaciones contenidas en los tratados y recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas señala que, para garantizar el acceso a la justicia, los estados deben actuar con la debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos, lo que implica cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones; así como evitar la impunidad. Para cumplir con ello, la CIDH establece que toda investigación debe llevarse a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial y debe estar orientada a explorar todas las líneas investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción.

En la misma línea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación general 40/2019 insta también a las fiscalías estatales a contar con un protocolo de investigación criminal homologado del delito de feminicidio con perspectiva de género y de derechos humanos, que contenga las directrices para la efectiva investigación; así como dar cumplimiento total al Acuerdo 04/XLIII/17 del Consejo Nacional de Seguridad Pública con el fin de que se inicien bajo protocolos de feminicidio las investigaciones de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso. También estipula la obligación de capacitar al personal encargado en la investigación de los casos de feminicidio sobre lo dispuesto en la sentencia de la Suprema Corte del amparo en revisión 554/2013 y el Acuerdo 04/XLIII/17, así como en perspectiva de género y derechos humanos; y mejorar las condiciones de infraestructura de las áreas especializadas en la investigación de los delitos contra las mujeres.

Frente al asesinato de Cecilia Monzón, la fiscalía de Puebla y el sistema judicial en su conjunto son puestos nuevamente a prueba ante la mirada de la opinión pública que se ha movilizado alrededor de este hecho. Frente a la intensa mediatización y politización del caso, debe prevalecer la independencia, la imparcialidad y la pulcritud de la debida diligencia y el debido proceso para garantizar una efectiva sanción a los autores materiales e intelectuales y, por supuesto, la digna reparación a las víctimas.