Madrid. Alberto era un hombre de 63 años, desempleado, cuya madre, su único familiar, falleció hace cuatro años y fue entonces cuando comenzó un periplo judicial y administrativo que lo llevó a suicidarse el pasado lunes por la noche, cuando fue lanzado de su vivienda.

El portal Barcelonés Metrópoli dijo que Alberto llegó a su hogar cuando empleados del ayuntamiento cambiaban la cerradura de su apartamento, quienes, al parecer, lo dejaron entrar antes de consumar el desahucio. Una vez en la vivienda, el hombre tomó una silla, la colocó en el balcón, subió a ella y saltó.

Barcelona está gobernada desde 2014 por Ada Colau, quien se presentó a los comicios por la marca electoral de Unidas Podemos, pero que antes fue vocera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), surgida tras la crisis económica y financiera de 2008. Desde que Colau llegó a la alcaldía de Barcelona no paran los lanzamientos.

Alberto vivía en un departamento de protección oficial propiedad del consistorio barcelonés y fue de­sahuciado por el ayuntamiento que argumentó que, además de que no pagaba la renta de 98 euros mensuales (2 mil pesos) y que el contrato estaba a nombre de su madre fallecida, y que en algún momento subarrendó ilegalmente dos habitaciones de la vivienda a una familia.

Ante la noticia del suicidio, el ayuntamiento de Barcelona lamentó lo ocurrido e informó que se le propuso al hombre mudarse a una habitación del sistema de servicios sociales, que es donde se aloja a personas en situación de calle, opción que Alberto rechazó.

La PAH, señaló en un comunicado: El sistema de protección social ha fallado. Nuestra experiencia en atender a personas con problemas habitacionales nos demuestra que la atención social por las diferentes administraciones es insuficiente, así que hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones que los protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas.

La plataforma recordó que en Barcelona se han registrado en años recientes varios casos similares, por lo que exigen a los gobiernos involucrados que centren sus esfuerzos en promover políticas en este sentido: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de los afectados y afectadas.