Dubai. Manifestantes enojados por el derrumbe de un edificio en el suroeste de Irán, donde murieron al menos 31 personas, echaron a gritos a un emisario enviado por el líder supremo del país, el ayatola Ali Jamenei, lo que derivó en una represión en la que la policía empleó gas lacrimógeno y palos contra la gente, según videos difundidos en Internet y analizados ayer.

La manifestación criticaba la respuesta del gobierno al desastre, en medio de una presión creciente en la república islámica debido al aumento de precios de los alimentos y otras dificultades económicas, mientras su acuerdo nuclear con potencias internacionales se desintegra.

Las tensiones entre Teherán y Occidente se dispararon después de que la Guardia Revolucionaria detuvo dos petroleros griegos el viernes pasado, días después de que Grecia consficó un buque iraní y lo llevó a Estados Unidos.

Aunque las protestas parecían no tener líderes claros, tribus árabes de la región parecieron sumarse a los inconformes.

El ayatola Mohsen Heidari AleKasir, enviado de Jamenei, intentó aplacar los ánimos cerca de donde se derrumbó el edificio Metropol, de 10 pisos, pero las personas reunidas en el lugar el domingo por la noche le gritaron y lo abuchearon.

La policía ordenó a la multitud no entonar lemas contra la república islámica y que se dispersara, al indicar que la marcha era ilegal. Videos difundidos después mostraron a agentes golpeando a los manifestantes entre nubes de gas lacrimógeno.

Informar de forma independiente sigue siendo en extremo complicado en Irán. Cuando se desatan disturbios, el país corta el Internet y la telefonía en las zonas afectadas y limita los movimientos de los periodistas dentro del país.

Tras el derrumbe hace una semana de la torre en la ciudad de Abadan, 660 kilómetros al norte de Teherán, las autoridades reconocieron que el propietario del edificio y funcionarios corruptos permitieron la construcción del edificio Metropol pese a las preocupaciones sobre la mala calidad de la estructura. Las autoridades han detenido a 13 personas, incluido el alcalde, como parte de la investigación.