Mazatlán, Sin., Diputados de la 64 Legislatura de Sinaloa –con mayoría de Morena– aprobaron el dictamen para la creación de la Ley y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como modificaciones al Código Penal para aumentar las penas contra los agresores de estos grupos.

Con 37 votos a favor, los legisladores avalaron adicionar disposiciones al Código Penal para tipificar como delitos las agresiones contra los periodistas y defensores de derechos humanos, que irán de seis meses a cuatro años de prisión y multas de 200 a 300 días.

El pasado 5 de mayo, el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue asesinado y su cadáver, que presentaba golpes en la cabeza, estaba envuelto en plástico transparente y hules negros. Fue localizado en un camino de terracería a unos metros de la carretera internacional México 15, entre una brecha que conduce a las colonias Antorchista y Las Nanchi.

El Congreso designará a integrantes del organismo

Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que hay disposición del gobierno estatal a cumplir con la ley y del Legislativo de dotar al instituto de los recursos necesarios para su operación, a fin de generar mejores condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y para garantizar seguridad a ambos grupos.

Adelantó que el director general e integrantes del consejo de dicha institución serán nombrados por la legislatura local mediante una convocatoria pública. El titular del primer cargo tendrá un periodo de cinco años sin relección y los consejeros durarán cuatro años.

Por su parte, Ricardo Madrid, diputado del Partido Revolucionario Institucional, celebró la aprobación: Hoy damos un gran paso para la vida democrática de Sinaloa en el Poder Legislativo, porque el ejercicio libre del periodismo y el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales son componentes para lograr una sociedad abierta, civilizada y democrática.

El Congreso tiene 60 días a partir del inicio de la vigencia del decreto para realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a fin de regular la creación del instituto, y en lo que éste inicia funciones continuará trabajando la Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.