Opinión
Ver día anteriorJueves 19 de mayo de 2022Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
 
Otros que llegan a las cárceles estadunidenses
D

airo Úsuga, comandante del Clan del Golfo, tiene un casco y chaleco, y los ojos brillosos. Está rodeado de la Interpol, de Dijin y de la Policía colombiana. Sube a un avión de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) y es extraditado hace unas semanas a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas. En Colombia tiene 122 órdenes de captura y siete medidas de aseguramiento; su extradición le roba al país la posibilidad de comprender el porqué de la guerra en el país.

Lejos de los titulares, otros llegan a las cárceles estadunidenses. Johan nació en El Charco, Pacífico colombiano, padre de tres hijos que se salió de estudiar, fue desplazado por los actores armados y ayudó desde muy joven a su familia en la pesca. Con su acento afrocolombiano, desde una cárcel de Estados Unidos relató que la pandemia agravó las condiciones de pobreza de su familia, lo que lo llevó a ser contratado para mover cocaína en el Pacífico. Fue capturado en su primer intento, a 290 kilómetros de Colombia camino a Costa Rica por guardacostas estadunidenses. Estuvo retenido por casi un mes en un barco del gobierno de Estados Unidos con otros colombianos y ecuatorianos sin poder comunicarse con familiares ni con el gobierno colombiano, aguantando frío y hambre. Un mes después, los dejaron en Miami para iniciar un proceso de condena por tráfico de cocaína.

Ahí el gobierno de Estados Unidos le ofreció un abogado de oficio y empezaron los entrampamientos jurídicos mientras los colombianos capturados fueron intentando entender el inglés y las leyes desconocidas. Esperando las condenas, a algunos los envían a cárceles de alta seguridad que están bajo tierra; ahí los aislan. Posteriormente, van transitando a otras de mediana y baja seguridad.

Johan ha pasado por tres cárceles y no tiene contacto con su familia. Su esposa sobrevive ahora desplazada en Cali trabajando para mantener a sus tres hijos durante la pandemia. Condenado a 72 meses, hace sumas y restas de la posibilidad que tiene de salir antes por buen comportamiento. Fue capturado a los 24 años.

Varios condenados relatan el mismo modus operandi. Los barcos del gobierno de Estados Unidos capturan a estas personas en el Pacífico o en el Caribe, aun en aguas de países vecinos o Colombia, y los tienen entre uno y tres meses en barcos –Guantánamos flotantes– en el limbo jurídico donde no tienen comunicación con el gobierno colombiano y ni con su familia.

Algunos relatos denuncian que los llevan a Guantánamo en Cuba para pasar los últimos días, para poder bañarse y cambiarse, y después, entregarlos en Miami al sistema judicial de Estados Unidos. En la cárcel desde donde hablamos, Johan contó que había recluidos 40 colombianos más, pero que en la anterior eran 200. La gran mayoría del mismo perfil, pobladores del Pacífico o de San Andrés, que por sus conocimientos del mar son contratados para transportar cocaína y son capturados por guardacostas de Estados Unidos en Honduras, Colombia y Costa Rica. Muchos son víctimas del conflicto, uno de ellos recordó el asesinato de una de sus hijas en el Chocó y la crisis humana que lo llevó a hacer ese trayecto.

También denuncian que el consulado colombiano no los atiende y no hay tratado de repatriación. Mientras, ven regresar a los mexicanos y ecuatorianos, que sí son deportados a sus países, donde pueden pagar sus penas más cerca de sus familias y en sistemas legales en su propio idioma.

El sistema judicial estadunidense en política antidrogas es una varita mágica para determinar qué es sacrificable –la verdad– y quiénes son los sacrificables. Sólo los grandes traficantes negocian con la DEA; los racializados, empobrecidos y víctimas del conflicto son raptados, despojados de su dignidad de ciudadanos. Para los presupuestos de Estados Unidos son clientes del privatizado sistema carcelario estadunidense. Un recluso afirma algo que repiten varios testimonios: el gobierno colombiano lo que tiene es un negocio con la DEA para tenerlo a uno acá.

* Doctora en sociología, investigadora de A la Orilladel Río, Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana. Su último libro es Levantados de la selva