l miércoles 27 de abril, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, se dirigía a unas residencias cercanas a su universidad cuando fue interceptado y ejecutado por elementos de la Guardia Nacional. Este caso ha puesto de nuevo en el centro de la atención la letalidad de las fuerzas armadas en el contexto de la dinámica de militarización de la seguridad sostenido durante ya tres sexenios como principal apuesta de política pública para contrarrestar la violencia en el país.

Lamentablemente este hecho no es excepcional en Guanajuato, cifras del Inegi revelan que desde 2018 esa entidad ocupa el primer sitio nacional en asesinatos de jóvenes de entre 15 y 29 años. Específicamente, entre 2010 y 2020 en Guanajuato los homicidios de jóvenes de entre 15 y 19 años aumentaron 925 por ciento.

La violencia que padecen los estudiantes, si bien alcanza su punto más alto en Guanajuato, es una tragedia que atraviesa el país. Luis, Uzías y Ernesto, estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas fueron asesinados en dos hechos distintos la semana pasada. Esa semana, la Universidad de Guadalajara denunció una violación y tres intentos de secuestro a estudiantes cerca de su campus. Estos hechos recientes nos llevan a recordar casos ocurridos durante los últimos años, como el asesinato de la estudiante Nadia Rodríguez, en León Guanajuato, el 8 de marzo de 2020; de Ximena Quijano, José Antonio Parada y Francisco Tirado, estudiantes de medicina que fueron victimados en Puebla en febrero de 2020 junto con el conductor Josué Vital; el secuestro y asesinato de Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco García, estudiantes de cine en Guadalajara en 2018; el feminicidio de Mara Castilla en 2017, estudiante en Puebla; la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, o el emblemático caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por el Ejército el 19 de marzo de 2010, hecho en que las fuerzas armadas, avaladas por las autoridades, alteraron la escena del crimen para inculpar a las víctimas y justificar la agresión.

Así, el caso de Ángel Yael subraya la urgencia de cuestionar la estrategia de militarización de la seguridad que prevalece desde 2006, y que tras 16 años, no sólo no se ha traducido en la pacificación de nuestro país, sino que ha tenido un impacto especialmente grave sobre las juventudes, entre quienes se cuenta 35 por ciento de las víctimas de homicidio en México, de acuerdo con el Inegi.

Desde 2007, mientras –de acuerdo con datos de la Sedena– las fuerzas armadas han visto quintuplicado el número de sus elementos que participan en labores de seguridad, México ha acumulado más de 350 mil personas asesinadas y más de 83 mil 235 personas continúan desaparecidas. También hay que recordar que, entre 2006 y 2019, las fuerzas armadas son la institución contra la que la CNDH ha recibido la mayor cifra de quejas por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

La historia ha evidenciado una y otra vez que las juventudes han sido las protagonistas de muchos de los procesos de movilización y transformación más importantes del país. Su espíritu libertario y su capacidad crítica han abierto camino a la democracia y a la consolidación de una cultura de derechos humanos. Sin embargo, como ocurrió en momentos históricos que suponíamos superados, hoy las juventudes son también quienes padecen con especial severidad los efectos de una estrategia de seguridad pública que ha privilegiado la militarización en detrimento de una perspectiva de seguridad ciudadana, prevención y reconstrucción de los tejidos sociales.

Los días recientes, en Guanajuato Zacatecas y otras ciudades del país, los jóvenes han vuelto a salir a las calles para exigir que se indague, sancione, repare y garantice verdad y justicia para Ángel Yael, Luis, Uzías, Ernesto y todas las víctimas fatales que se han sumado en las últimas semanas en México. No parece improbable que estas manifestaciones pronto se traduzcan en una organización colectiva más amplia alrededor de una agenda que exija la revisión urgente del actual enfoque sobre la seguridad pública en el país, que ha venido a sumarse como uno más, y especialmente grave, de los condicionantes que nublan el horizonte de las juventudes en México.