Responsable de encauzar legalmente las investigaciones relacionadas con la guerra sucia, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, la Comisión de Impulso a la Justicia (que labora en paralelo a la denominada Comisión de la Verdad) pretende superar el empantanamiento en que concluyeron las indagatorias durante el sexenio de Vicente Fox.

Fabián Sánchez, integrante de la comisión, sostuvo que a partir de un diagnóstico en construcción del estado jurídico que guardan los casos se busca alcanzar justicia para las víctimas y, en su momento, crear una fiscalía especial adecuada que proceda legalmente.

En entrevista, subrayó que someter a los perpetradores a la justicia y obtener la reparación integral del daño son objetivos prioritarios, pero alcanzarlos pasa por la construcción de los cauces legales en coordinación con los colectivos de víctimas. A pesar de los años transcurridos, destaca que el carácter imprescriptible de delitos como desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales favorecerá procesarlos.

La comisión formada por Sánchez, Ángela Buitrago y Carlos Pérez Vázquez pretende construir un camino que supere las deficiencias de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuyo desempeño entró en fuertes tensiones con los colectivos de víctimas, pues por un lado la investigación se basó en el genocidio, sin contar con elementos técnicos para soportarlo y, por otro, procesar cada caso sin contar con una visión general de las políticas de Estado emprendidas, por lo cual sólo un caso llegó a judicializarse.

Conformada en diciembre, la Comisión de Impulso a la Justicia se ha dedicado a establecer un diagnóstico inicial sobre la situación legal de cada caso, para lo cual han entrado en contacto con familiares de víctimas y diversos colectivos a fin de definir la estrategia.

También se impulsará la construcción de un órgano especializado dentro de la Fiscalía General de la República con la finalidad de judicializar cada investigación que lo amerite, para lo cual se pretende que en esa construcción del andamiaje legal esté acorde con los estándares internacionales de las comisiones de la verdad.

Aun cuando inicialmente esta comisión tiene la misma vigencia que la del Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, eventualmente –como ocurrió en Perú– pueda ampliar su vigencia. Agregó que en principio existe la voluntad de acompañar todas estas investigaciones hasta que se agote el último caso.

Sánchez, quien como parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos encabezó con éxito el emblemático caso Radilla, tiene claros los alcances de la Comisión de la Verdad y la de Impulso a la Justicia, pues la primera “es el paraguas de toda esta iniciativa para investigar el pasado, tiene como mandato específico el esclarecimiento histórico de lo ocurrido entre 1965 y 1990; dar una respuesta de lo que sucedió, pero esto no necesariamente puede concluir en la judicialización de la verdad. Se habla mucho de que una es la verdad histórica y otra la verdad legal.

“Esa es una diferencia. Nosotros no nos vamos a meter en ese mandato, sino en impulsar la justicia, buscar los caminos y las salidas legales, crear un mecanismo para encauzar a los perpetradores y hacer propuestas de judicialización. Se pueden priorizar casos de acuerdo con ciertas características, construir patrones sobre la sistematicidad de violaciones de derechos humanos, presentar algunas como megacausas, al igual que ocurrió en Argentina y Guatemala.