El Congreso local aprobó en comisiones prohibir los castigos corporales y humillantes a los menores de edad como medida disciplinaria por medio de una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual contó con observaciones de la Comisión de Derechos Humanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la ciudad.

Con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Polimnia Sierra Bárcena, del PRD, refirió que alrededor de 63 por ciento de los menores en el país han experimentado alguna forma de disciplina violenta y cuatro de cada 10 madres y dos de cada 10 padres manifestaron haber golpeado a sus hijas o hijos en actos de desesperación.

En tanto, Save the Children México reportó que seis de cada 10 menores en el país viven castigos físicos y/o humillantes en sus hogares y en 2020 más de 11 mil niñas y niños ingresaron a hospitales por lesiones ocasionadas por esas conductas.

Guadalupe Morales Rubio, de Morena, quien promovió la iniciativa, sostuvo que más que sancionar y criminalizar, esta reforma busca visibilizar que dichas conductas son contrarias a los derechos de los menores y establece como competencia del DIF difundir medidas de disciplina adecuadas, positivas y no violentas.

De esta manera, se agregan a la legislación local los conceptos previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para castigo corporal o físico, como el acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.

Define castigo humillante como cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación.

Sierra Bárcena indicó que el proyecto de dictamen aprobado retomó evidencia científica del problema que representa la normalización de ese tipo de castigos al dañar la autoestima, autoimagen, dignidad y los derechos humanos de los menores. Pueden ser más agresivos en su vida adulta, con familiares o cercanos, así como con compañeros y posteriormente hacia sus cónyuges, tienen un mayor grado de posibilidad de que desarrollen comportamientos antisociales y los vuelve más vulnerables a la dependencia a las drogas y al alcohol, entre otras afectaciones.