Luego de cuatro años de estar fuera de sus hogares a consecuencia de una mala construcción, que evidenciaron los sismos de 2017, cientos de familias del conjunto habitacional de Tlalpan 550 pidieron el apoyo de las autoridades para que los créditos que solicitaron para adquirir los departamentos, declarados inhabitables, les sean condonados.

En las puertas de las oficinas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), los afectados expusieron que a pesar de que las 390 viviendas que forman el conjunto habitacional fueron declaradas inhabitables por daño estructural, sus descuentos vía nómina continúan cada quincena, sin considerar que no viven en ellas.

Con cartulinas y mantas, los afectados pidieron la intervención de los gobiernos local y federal porque, sin importar su circunstancia, hasta el momento no han sido morosos y algunos hasta llevan pagado 80 por ciento del crédito.

En la solicitud que hicieron al Fovissste para la condonación, expusieron que son víctimas de una constructora que incumplió la normativa de desarrollo urbano de la Ciudad de México para edificar un condominio con deficiencias y que autorizaron funcionarios públicos.

Además, fueron compradores de buena fe que resultaron engañados, por lo que pidieron el mismo trato que dio el Infonavit a sus deudores al declarar el siniestro como pérdida total, lo que dio como resultado la cancelación de los créditos.

Manifestaron que las autoridades encargadas de la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos en la ciudad ya realizaron peritajes, con los cuales se han demostrado los daños, que si bien se hicieron visibles tras los sismos, las deficiencias son del proyecto de origen.

Entre las afectaciones más graves están columnas sin pilotes, el factor sísmico mal calculado y escaleras ancladas al muro, lo que está claramente prohibido por el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México.

Tras la manifestación, los habitantes de Tlalpan 550 fueron recibidos por Rosa Elena Salas, subdirectora de Atención a Acreditados, quien se comprometió a revisar el caso de los inconformes.