Buenos Aires., Una multitudinaria marcha integrada por organizaciones políticas, judiciales, sindicales, organismos de derechos humanos y sociales llegó ayer ante los tribunales en esta capital en demanda de la democratización de la justicia y en rechazo a la utilización de la misma con fines políticos que obedecen a intereses ajenos a su tarea (lawfare), exigiendo el fin de la guerra sicológica en la que jueces y fiscales –entre ellos los de la Corte Suprema– han colaborado con los medios masivos de comunicación y partidos políticos de la derecha para desestabilizar el país e instalar la impunidad.

La marcha se desarrolló en un marco de fuerte tensión, tras la renuncia del diputado Máximo Kirchner Fernández a la presidencia del bloque del peronista Frente de Todos (FdT) en protesta por el acuerdo firmado por el gobierno del presidente, Alberto Fernández, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), después de una larga negociación en la que ese organismo reconoció que para entregar ese préstamo se violaron sus propias normas. El mandatario lamentó la renuncia y reconoció el trabajo de Kirchner, quien ocupará su banca de diputado.

Al frente del bloque del FdT quedará el diputado Germán Martínez, muy cercano al ex ministro de Defensa Agustín Rossi.

La multitudinaria manifestación fue convocada a escasos días de conmemorar que en 1930, la Corte Suprema de Justicia avaló por unanimidad el golpe militar que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen.

Los inconformes exigieron ante los tribunales terminar con la impunidad que hizo posible una persecución política y una conducta mafiosa durante el gobierno de Mauricio Macri mediante el espionaje y la utilización de jueces para plantar causas falsas, por lo cual fueron ilegalmente encarcelados 44 argentinos, y otros perseguidos y denigrados, como fue el caso de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la nación.

El escándalo más reciente es el traslado de la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, en el extremo sur del país, a los jueces de la mesa judicial macrista para asegurar la impunidad al ex presidente Macri y varios de sus funcionarios, que además de mentir sobre este hecho, espiaron –como se comprobó– a los familiares de los 49 tripulantes desaparecidos con el submarino.