El ex dirigente priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, vinculado a proceso por los delitos de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual y publicidad engañosa, y asociación delictuosa, fue trasladado este lunes del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Se trata de uno de los 38 internos trasladados y a los que se sumarán 42 este martes para hacer un total de 80, cuyos nombres no se darán a conocer hasta este martes para evitar la interposición de amparos, señalaron fuentes capitalinas.

El traslado de internos de los reclusorios Oriente, Norte y Sur, primero que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana al quedar al frente del manejo de los penales capitalinos, dijeron, fue por cuestiones de seguridad.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el traslado del llamado rey de la basura al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, se realizó ayer en la madrugada bajo fuertes medidas de seguridad.

Personal de agrupamientos especiales de la SSC y de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario fueron los encArgados del primer traslado de reos, cuyos familiares no fueron informados, por lo que algunos se manifestaron frente a la SSC.

El 4 de enero, un juez penal dictó auto de formal prisión contra el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional en la capital, seis días después de ser detenido durante el cateo de un inmueble ubicado en la demarcación Tlalpan.

Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de los Delitos de Trata de Personas, se estableció su probable responsabilidad en la comisión de cuatro diversos delitos de tentativa de trata de personas.

Dichos delitos son en su modalidad de explotación sexual agravada en contra de cuatro mujeres y en la modalidad de publicidad engañosa agravada en contra de dos víctimas, así como asociación delictuosa, en perjuicio de la sociedad.

Por la noche, la Fiscalía General de Justicia informó que el traslado se debió a su posible capacidad económica, lo que podría facilitar actos de corrupción, y a la saturación del sistema penitenciario de la ciudad, y se ponderó la protección de las víctimas.