Es muy lamentable. Lamentamos todos los homicidios que se dan en el país, respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López a una pregunta en torno al homicidio del alcalde de Xoxocotla, Morelos, Benjamín López Palacios.

Al sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario dijo que platicará con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y en caso de requerirse refuerzos de la Guardia Nacional, se desplegarán en Morelos.

–¿Qué opinión le merece este suceso, a 10 días de que asumió el cargo el alcalde? –se le inquirió.

–Primero, es lamentable que haya sido asesinado o se haya cometido el homicidio en la persona de un presidente municipal, y lamentamos todos los homicidios que se dan en el país. Desde luego que nuestro compromiso es trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y donde haya, pues, necesidad incrementar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional que coadyuva, es obligación en las tareas de seguridad pública en los estados y a nivel nacional.

Vamos a platicar con el gobernador y a analizar cómo está la situación de seguridad, y si es necesario reforzar el trabajo, la presencia de las fuerzas federales en la entidad, como lo hemos venido haciendo en otros estados, como Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guanajuato y San Luis Potosí.

En Cuernavaca, la vocera de la organización no gubernamental Gobierno Nacional Indígena de México, Candelaria Lázaro, señaló que sus compañeros del ayuntamiento indígena de Xoxocotla, así como familiares, exigieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco, a la Comisión Estatal de Seguridad y a la fiscalía local detener a los asesinos materiales e intelectuales, pues no descartan que López Palacios haya sido ultimado por el control del municipio, ubicado al sur de la capital.

Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al comandante de la Guardia Nacional y a las autoridades estatales y municipales de San Luis Potosí aplicar medidas cautelares para salvaguardar la seguridad física e integridad personal de las defensoras de derechos humanos María del Rosario Torres Mata, Janeth del Rosario Tolentino Torres y Velia del Carmen Torres Castillo, quienes fueron amenazadas de muerte, presuntamente por integrantes del crimen organizado.