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La Cofece acude a la SCJN para mantener sus elevados salarios
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de enero de 2022, p. 4

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) promovió una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 y las limitaciones que incluye para los salarios de sus altos funcionarios.

Con esto, se une al Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también han recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar acatar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), por la vía de impugnar el presupuesto federal.

Se trata de la primera controversia que llega este año al máximo tribunal y, por tanto, quedó registrada con el número 1/2022.

El juicio constitucional fue promovido por la comisionada presidenta en suplencia por vacancia de la Cofece, Brenda Gisela Hernández Ramírez, quien argumenta que la comisión a su cargo tiene autonomía constitucional y el hecho de que en el PEF 2022, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal hayan incluido topes salariales lesiona su independencia resolutiva.

En el acuerdo de la SCJN donde se admite a trámite la queja, se añade: se observa que existe conexidad entre la presente controversia constitucional y las diversas 205/2021, 209/2021, 218/2021 y 220/2021 promovidas por el Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, e Instituto Federal de Telecomunicaciones, respectivamente, dado que en todas se impugna el mismo decreto.

Esto implica que las cinco controversias serán analizadas por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá presentar en los próximos meses un proyecto de sentencia al pleno de la SCJN, para que se emita un fallo.

Hasta ahora, este tipo de controversias han sido promovidas anualmente por estos organismos autónomos, que generalmente obtienen una suspensión de la SCJN, lo cual les permite provisionalmente seguir pagando a sus funcionarios salarios superiores a los del Presidente de la República.