Washington. El gobierno del presidente demócrata Joe Biden aseguró ayer que recurrirá a la Suprema Corte para intentar de nuevo bloquear la ley antiaborto de Texas, horas después de que una corte federal de apelaciones permitió otra vez que ese estado prohibiera la mayoría de los abortos.

El ordenamiento se ha convertido en la mayor restricción a la interrupción del embarazo en Estados Unidos en casi medio siglo.

El fallo del jueves pone a la ley de Texas más cerca de regresar a la Suprema Corte federal, que ya permitió en una ocasión que las restricciones se aplicaran sin emitir un fallo sobre su constitucionalidad.

La ley de Texas prohíbe los abortos una vez que se detecte actividad cardiaca en el embrión, lo cual sucede a las seis semanas de gestación, antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. El precepto no hace excepciones en casos de violación o incesto.

Desde que la norma entró en vigor en septiembre, mujeres de Texas han acudido a clínicas de abortos en estados vecinos, algunas de ellas conducen horas durante la noche. En esos recorridos incluso ha habido pacientes de 12 años.

El Departamento de Justicia no hizo declaraciones tras la decisión y un portavoz no quiso emitir comentarios el jueves por la noche.

En una decisión de dos a uno, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito concedió la solicitud de Texas de mantener la ley en vigor mientras el caso procede en las cortes. Es la tercera vez desde octubre que el tribunal de apelaciones, de mayoría conservadora, ha fallado a favor del estado, permitiendo que las restricciones permanezcan vigentes. El panel afirmó que agilizaría la apelación y programaría argumentaciones orales, pero no señaló cuándo.

La Secretaría de Justicia de Texas calificó la decisión de testimonio de que estamos en el lado correcto de la ley y de la vida.

La decisión representa otro revés para el Departamento de Justicia y los proveedores de servicios de aborto del estado en sus intentos por frenar la ley, la cual ha prevalecido hasta el momento debido a una estructura única que delega a los ciudadanos privados la vigilancia de su cumplimiento. Cualquier persona que presente una demanda exitosa contra un proveedor de servicios de aborto por violar la medida tiene derecho a cobrar al menos 10 mil dólares en compensación, lo que el gobierno de Biden asegura que equivale a pagar recompensas.

A pesar de las diversas impugnaciones jurídicas, sólo en una ocasión la corte ha fallado a favor de suspender la medida y dicha orden sólo duró 48 horas, por lo que el gobierno de Biden dijo ayer que pedirá a la Suprema Corte de Estados Unidos revocar la restrictiva ley del aborto aplicada en Texas que ya el organismo ha rehusado suspender.