A siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, aún no se determina su paradero, aunque se ha avanzado en las investigaciones para establecer que fueron varios los puntos en donde se habría actuado en su contra y no sólo el basurero municipal de Cocula.

Existen 30 nuevas órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de presuntos involucrados en los hechos (10 más relacionadas con ex funcionarios que habrían manipulado evidencia) y más de 50 acusados durante la gestión de Enrique Peña Nieto han sido liberados por decisión de tribunales al considerar que los inculpados fueron objeto de tortura.

La investigación de la actual fiscalía especial para el caso Iguala no ha avanzado en la acreditación de la participación de integrantes de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero; en noviembre de 2020 fue detenido el capitán José Martínez Crespo, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y de desaparición forzada por estar involucrado en el caso.

En cuanto a la judicialización de los 142 detenidos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, la mayor parte de ellos ya ha salido de prisión debido a que de las 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la PGR en 2014, sólo subsisten 44 indicios, puesto que 63 fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal colegiado de circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditó una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad al detectarse detenciones ilegales, tortura, incomunicación y violaciones al derecho a una defensa adecuada.

Entre los liberados por resolución judicial se encuentran 24 policías locales de diversos municipios de Guerrero que habrían apoyado a los agentes del ayuntamiento de Iguala, de esta última comunidad se otorgó libertad a 13 policías, que al salir de prisión exigían una indemnización de un millón de pesos para cada uno.

Asimismo, en septiembre de 2019 recuperó su libertad Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos que presuntamente habría ordenado la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de los normalistas. Actualmente, El Gil y otros que fueron acusados de la desaparición, forman parte de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).

De igual manera, está pendiente que el gobierno de Estados Unidos entregue a las autoridades mexicanas la segunda parte de las grabaciones y mensajes que intercambiaron los miembros de Guerreros Unidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, y que fueron obtenidas mediante la intervención telefónica que realizó la agencia antidrogas de ese país a integrantes de la organización delictiva que operaban en territorio estadunidense y que estuvieron en contacto con los líderes del grupo que se encontraban en Iguala.