l notario público Salvador Cosío Gaona solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que retome y dé celeridad a la querella que presentó a principios de 2018 contra el panista Ricardo Anaya Cortés por falsificación de documentos.

Cosío Gaona es titular de la notaría pública 8, asentada en Zapopan, pero también con jurisdicción en Guadalajara, Jalisco; por los medios de comunicación se enteró de que en 2017 habían sido presentados ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) documentos que supuestamente llevaban su firma y sello notarial.

En realidad, habían sido falsificados tales atributos notariales para tratar de eludir responsabilidades de Anaya y algunos de sus familiares en el entramado de una nave industrial en Querétaro que, con un valor estimado de 10 millones de pesos, fue vendida por Juni Serra SRL de CV (de los Anaya) en 53.7 millones de pesos a una empresa luego declarada fantasma, Manhattan Master Plan Development.

Esta firma fue creada en julio de 2016, domiciliada en un lote baldío y con la participación como accionistas (con un capital social de 10 mil pesos), de dos empleados sin mayores recursos económicos, Luis Alberto López López y María Amada Ramírez, chofer y esposa de un contador, respectivamente, de Manuel Barreiro, el empresario clave en esta historia, con operaciones en varios países, señalado como el autor de la trama que, moviendo el dinero por varios países mediante 12 empresas (unas reales, otras, fantasmales), pretendía disolver rastros para dejar casi 44 millones de pesos de ganancia a Anaya para sus actividades políticas.

Pero, en un intento de sacar de escena a los empleados dueños de Manhattan Master Plan Development y evitar la evidencia de su dependencia directa de Barreiro, fue presentada ante las autoridades federales, que bajo sospecha de lavado de dinero indagaban el asunto, una constancia notarial de que los empleados habían cedido sus acciones al arquitecto Juan Carlos Reyes, aunque este es hermano de un socio de Barreiro. Ahí fue cuando falsificaron la firma y el sello notarial de Cosío Gaona, distintivos que conocían porque en Jalisco el fedatario había atendido profesionalmente asuntos inmobiliarios de abogados relacionados con Barreiro.

El notario, quien fue diputado federal y ha sido candidato a gobernador de esa entidad y a presidente municipal de Zapopan por el partido Verde, e hijo del fallecido ex gobernador priísta de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurri, denunció los hechos ante la PGR, pero esa procuraduría peñista no le dio continuidad al asunto.

Ahora está decidido a solicitar a la FGR que retome el caso e imponga las sanciones por falsificación de documentos e incluso por delincuencia organizada, pues hubo la participación concertada de personas para delinquir. Anaya, dijo Cosío en una entrevista realizada ayer, es un criminal (https://bit.ly/2WmtNcY). El siguiente paso, en esta historia, corresponde al fiscal Gertz Manero.

Astillas

Cantada, la confrontación en San Lázaro entre los bloques del morenismo y sus opositores por el control de los órganos de gobierno (la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva de las sesiones). Con casi 280 de los 500 diputados federales entrantes, los partidos del Trabajo, Verde y Morena plantean constituirse en coalición legislativa, como ya lo han hecho PAN, PRI y PRD, e imponer su mayoría… Insistente, la versión filtrada de que la fiscalía federal tiene todo listo para solicitar acción penal contra el ex ocupante de Los Pinos Enrique Peña Nieto y su virtual vicepresidente, Luis Videgaray, presuntos responsables de asociación delictuosa y cohecho a partir de señalamientos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex… Y, mientras ha sido citado hoy Carlos Treviño, quien fue director de Pemex en el último tramo del desastre peñista, a una diligencia judicial por ser acusado de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, ¡hasta mañana!

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