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Emilio Zebadúa, requerido por la FGR y la defensa de Rosario Robles

El testigo colaborador de la fiscalía está citado junto con 50 sujetos más en el caso de la estafa maestra

 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de marzo de 2021, p. 12

Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha sido incluido por la Fiscalía General de la República (FGR) al igual que por la defensa de Rosario Robles Berlanga, como testigo en el proceso que se le sigue a la ex funcionaria por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. La comparecencia del que fuera uno de los más cercanos colaboradores de la ex secretaria de Estado está considerada entre la de los más de 50 testigos ante el juez Alejandro Ganther Villar Ceballos, en una fecha que no se ha definido.

Lo anterior trascendió ayer durante la segunda etapa de la audiencia intermedia en el caso que se sigue a Robles Berlanga y en la que se desahogaron las pruebas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que han servido para que se acuse a la ex secretaria de Estado de cometer un delito.

La audiencia comenzó el viernes pasado, continuó ayer y durante siete horas se analizaron también todas las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), y se ratificó la petición para que se impongan a Robles Berlanga 21 años de prisión y que se obligue al pago de más de 5 mil 500 millones de pesos por concepto de reparación del daño.

En este contexto, la participación de Emilio Zebadúa (que ha sido acogido como testigo colaborador y a cambio de entregar información que sea útil para condenar a partícipes de la estafa maestra, él no será acusado penalmente), será para presuntamente corroborar, respecto de la solicitud de la FGR, que Robles Berlanga organizó el desvío de recursos en ambas dependencias.

En tanto que el testimonio solicitado por parte de la defensa de Robles, es para acreditar que Zebadúa González falsificó la firma de funcionarios –entre ellas la de Robles– y fue el responsable de haber desviado los recursos que hoy se consideran parte de la estafa maestra, y para ello también se solicitará que José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Análisis, corroboré sus declaraciones en las que señala a Zebadúa González como el organizador de la sustracción de recursos.

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▲ Emilio Zebadúa fue considerado el brazo de derecho de Rosario Robles en su gestión en dos secretarías de Estado. La foto data de 2004.Foto José Antonio López

Sólo que uno de los problemas que existe para que José Antolino Orozco comparezca, radica en el hecho de que fue considerado por la FGR como testigo colaborador en esta investigación, pero hace unas semanas, el Ministerio Público federal solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por otra imputación relacionada con desvío de recursos, pero en ese caso se le menciona como presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con dinero de procedencia ilícita, por lo que de acudir a comparecer, sería detenido.

Ayer, luego de siete horas de audiencia, el juez Villar Ceballos determinó abrir un receso para que hasta el próximo lunes concluya la audiencia del proceso que se sigue a Robles Berlanga, esto luego de que el Ministerio Público federal y la Auditoría presentaran sus pruebas con las que buscan acreditar que la ex funcionaria incurrió en un delito relacionado con la estafa maestra.

El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, informó que durante la jornada de este sábado, tanto la FGR como la ASF desahogaron todas las pruebas que presentarán durante la etapa de juicio oral en contra de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quedando pendiente que se discuta la idoneidad de las pruebas que presentará la defensa de Rosario Robles.

Asimismo, explicó Mendieta, el próximo lunes durante la audiencia que reiniciará a las 15 horas, se deberá analizar el punto respecto a la reparación del daño, ya que la FGR exige el pago de más de 5 mil 500 millones de pesos y la defensa de la ex funcionaria argumenta que ella no tiene porque pagar estos recursos que no sustrajo.