as trasnacionales que operan en nuestro país, que gozaron de todo tipo de privilegios en los gobiernos neoliberales, a la primera provocación desenfundan el arma por ellas más utilizada a la hora en la que la autoridad nacional les exige cumplir con las leyes mexicanas: el chantaje. Tal es el caso del consorcio minero canadiense First Majestic Silver, que en su intento por evitar el pago de 11 mil millones de pesos en impuestos no pagados, amenaza con iniciar un arbitraje internacional, por mucho que las concesiones de las que goza dejan en claro que cualquier diferendo se dirimirá en tribunales mexicanos y bajo las leyes mexicanas.

La empresa anunció públicamente que ha presentado una solicitud de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, un organismo del Banco Mundial que siempre falla a favor de la parte privada) bajo el amparo del Capítulo 11 del TLCAN y asegura que se ve obligada a recurrir a esa instancia por, según dice, la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de llegar a un arreglo y a pesar de los repetidos intentos de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa.

Al menos desde mayo de 2020, cuando el SAT documentó la evasión y actuó en consecuencia, la trasnacional minera canadiense chantajea con recurrir al CIADI para evitar el pago de los impuestos que, por ley, le corresponden. El Servicio de Administración Tributaria ha sido puntual: se recuperarán alrededor de 11 mil millones de pesos por un adeudo fiscal de ese consorcio, por mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década. La empresa alega que firmó un acuerdo con el gobierno calderonista que le permitió dicha tropelía. Lo cierto es que adeuda y debe pagar.

Lo llamativo del caso es que lo que hoy la trasnacional canadiense presenta como novedad (la solicitud de arbitraje al CIADI) en realidad es un chantaje que repite desde mayo de 2020, cuando anunció lo mismo que hoy divulga, es decir, que comenzó el citado procedimiento, por lo que ahora corre un periodo de 90 días para poder llegar a un acuerdo, y acusa a la autoridad fiscal mexicana de mostrar un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble imposición celebrados con Canadá, Barbados y Luxemburgo ( La Jornada, Braulio Carbajal).

Es bueno recordar que las concesiones mineras otorgadas por el gobierno mexicano a nacionales y extranjeros claramente establecen que en caso de desacuerdo o de abierto conflicto entre las partes, las diferencias se dirimirán aquí, y ello fue aceptado y firmado por la chantajista empresa canadiense.

Para no pagar los impuestos que le corresponden, First Majestic se ampara en un acuerdo de fijación de precios anticipado (para los años fiscales 2010-2014, el cual, considera, “sigue siendo válido) que firmó con el gobierno de Felipe Calderón, el mismo que entre otras gracias en 2009 a esa trasnacional canadiense otorgó 22 concesiones mineras (con una extensión cercana a 7 mil hectáreas, que cuentan con un decreto de área de reserva) en el territorio sagrado huichol de Wirikuta, lo que generó todo tipo de protestas y la permanente exigencia de cancelar dichas concesiones.

Pues bien, transcurridos 11 años, el problema se mantiene, por lo que el Consejo Regional Wixárika exige la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco; además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta ( La Jornada, Juan Carlos García Partida).

Pero las concesiones a First Majestic en esa zona sagrada no sólo se mantuvieron, sino que se incrementaron (mediante sus filiales Real Bonanza y Real de Catorce), mientras las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales no movieron un dedo.

Las rebanadas del pastel

Con la cara más dura que el concreto, los muy neoliberales cuan cínicos prianistas atracadores de la nación ahora pretenden acusar de lo mismo a los legisladores que rescatan la soberanía energética del país. ¿Cuántos de sus pingües negocios se irán a pique con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica?

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