Estados
Ver día anteriorJueves 11 de febrero de 2021Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Sicarios expulsan a familias

Poblados de Coyuca de Catalán, asolados por el crimen organizado

La Federación, enterada desde octubre de la violencia en comunidades

Foto
▲ Elvira García Silva relató que hombres armados secuestraron a su esposo y a su hijo el 16 de octubre de 2020 en la comunidad de El Perro, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, y hasta ahora se desconoce su paradero.Foto Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de febrero de 2021, p. 25

Coyuca de Catalán, Gro., En los 32 poblados y rancherías del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, hay temor entre las mujeres: sus esposos e hijos han sido levantados y asesinados por hombres armados en meses recientes, lo que las ha obligado a un desplazamiento forzoso.

Es el caso de Elvira García Silva, quien vio cómo se llevaron a su esposo, Elías Gallegos Coria, y a su hijo Fredi Gallegos García el 16 de octubre de 2020 en el poblado El Perro, lo cual la obligó a sacar de su comunidad al resto de su familia.

Se los llevaron los hermanos Espino Cortés; ellos se presentan como aguacateros, pero se dedican a la extorsión y a saquear ejidos, incluso su propio ejido, San Antonio, apoyados por militares, señala Javier Hernández, secretario del comisariado.

Llorando, Elvira recordó: “Llegaron como 20 hombres armados. Yo no sé por qué se los llevaron. Él solamente trabajaba en el campo, defendía los bosques, criaba ganado, sembraba maíz y (trabajaba) en la vinata (fábrica de mezcal). Ya presentamos la denuncia y nos dijeron que nos iban a ayudar, pero no hay nada.

Los amarraron, los subieron a su camioneta, se llevaron las motos de mi marido (de 62 años de edad) y a mi hijo (de 40), luego se robaron todo. Me salí (del pueblo) el 25 de octubre. Dos de mis hijos se fueron al otro lado (Estados Unidos); mi hija se fue a (la Ciudad de) México y el mayor anda conmigo. Me quedé sin nada, pedimos ayuda en los pueblos para buscarlos, pero la gente tuvo miedo y no nos ayudaron, me quedé sola. Pido al presidente (Andrés Manuel López Obrador) y al gobernador (Héctor Astudillo Flores) que me ayuden a buscarlos.

Otra señora, quien pidió anonimato, narró otra agresión ocurrida el 25 de septiembre del año pasado: Soy del pueblo La Destejada. Ese día llegaron antes del mediodía dos carros de soldados y agarraron a mi yerno (Eduardo Cortés) allá en la vinata y lo estuvieron investigando. Esos soldados estaban en El Crucero y desde ahí (fueron) por mi yerno, agrega.

“Lo llevaron a la casa; dijeron que lo hallaron con un arma y yo les dije que él nunca usaba arma. Después me dijeron que si tenía un borrego y les dije que sí había donde estaba mi hijo y me llevaron. Les dije que costaban mil 400 pesos. Se lo llevaron y no me pagaron. Se robaron dos motos, quemaron una camioneta doble rodada y otras dos.

Como a las dos horas llegaron unos 70 sicarios, rodearon la casa, la balacearon y gritaban que saliéramos. Nos llevaron a empujones, luego le amarraron las manos a él y se lo llevaron. Dijeron que iban a quemar la casa, que tenía 15 minutos para sacar mis cosas. El que nos empujaba se llama Audel Montúfar. Él iba con los sicarios, es el jefe.

Los pistoleros “se llevaron 5 mil pesos y unas alhajas de una hija que murió. Estaba lloviendo y les pedí que no me quemaran la vivienda, pero quemaron ocho casas de mis hijos y mis hijas.

“Estaban molestos porque ese día llegaron otras gentes de los pueblos de El Perro y El Durazno. Decían que nosotros los cuidábamos. Un mes antes habían matado a dos muchachos.

Al otro día los sicarios le dijeron a un compadre que fueran a recoger a mi yerno en la vinata para que lo enterraran. Nosotros oímos cuando lo mataron, fue como a las ocho de la noche (del 25 de septiembre). Yo le pido al gobierno que aunque sea me den para hacer una casita (en El Pescado).

Desde el 25 de octubre pasado las autoridades del ejido Guajes de Ayala informaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la situación que priva en al menos 32 comunidades y rancherías de ese núcleo agrario, pero aún no hay respuesta del gobierno federal.