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Fiscalía chilena procesa por homicidio simple a carabinero que asesinó a un artista callejero

El crimen reactiva el debate sobre refundación de la policía militarizada

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▲ Artistas callejeros chilenos se dirigen con el ataúd de su compañero Francisco Martínez, rumbo a un cementerio de Santiago. El malabarista murió luego de ser baleado por un policía el viernes pasado, en la localidad de Panguipulli, al sur de Chile.Foto Afp
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Martes 9 de febrero de 2021, p. 24

Santiago. La Fiscalía de Chile formuló cargos penales por homicidio simple en contra del sargento segundo de Carabineros que, el viernes pasado disparó en seis ocasiones hasta dar muerte al artista callejero Francisco Martínez Romero, de 27 años, enla ciudad de Panguipulli, 800 kilómetros al sur de Santiago, cuando éste se resistió a un control de identidad y se abalanzó contra el policía blandiendo los machetes con que realizaba sus actos de malabarismo.

Según el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, el sexto balazo–que resultó ser mortal al penetrar en el corazón de la víctima– no se requería, porque fue disparado cuando Francisco Martínez yacía en el pis, herido, de modo que fue “un tiro innecesario (…) que excede la necesidad racional para repeler la agresión”.

El fiscal relató que el malabarista –cuyos funerales se efectuaron este lunes en Santiago– resultó con siete heridas, cuatro por ingreso de proyectiles en el cuerpo y tres por orificios de salida.

Debieron transcurrir tres días desde el crimen y múltiples protestas sociales, algunas de gran violencia, como la quema de 10 edificios municipales y gubernamentales en Panguipulli, para que el presiden-te Sebastián Piñera rompiera su silencio al respecto, obvio lamentándolos y respaldando a carabineros que alegan legítima defensa y defendiendo el controversial control de identidad, una facultad arrogada a la policía que, sin expresión de causa, puede forzar a cualquiera en la calle mayor de 14 años a identificarse, so pena de ser arrestado por negarse a ello o por no portar la cédula.

No obstante, los fatídicos sucesos pusieron una vez más bajo el foco la habitual violencia con que actúa la policía militarizada chilena, sobre todo con los jóvenes, y la necesidad urgente de una restructuración y/o refundación para la desacreditada organización, que ha visto desaparecer la aprobación superior a 60 por ciento de que gozaba, a alrededor de la mitad ahora, e incluso hasta 17 por ciento.

“A partir del estallido social de 2019 la sensación principal es que hay una institución que nadie gobierna, que hace lo que quiere, que justifica las cosas y al final siempre corta los problemas por la parte más débil; en este caso sería que el sargento segundo quede como el que se equivocó, cometió un error y adiós.

Eso hace que se pierda la confianza, aseguró Lucía Dammert, socióloga, académica de la Universidad de Santiago, experta en temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina.

Se abusa del control de identidad

Respecto del control de identidad, señaló que “hay un uso desordenado de esta herramienta que ha llevado a fiscalizar de manera permanente a personas que no están vinculadas a hechos delictivos. “Ha pasado de dos millones de controles anuales a más de cinco millones en 2020 y ahora podríamos llegar a 7 millones. Es un problema que traerá cada vez más niveles de violencia.

Y en este caso específico, tenemos una tormenta perfecta: es probablemente un joven que tiene relación distante con la policía, no confía en ella, se enfrenta y ésta, en el contexto del procedimiento en pleno centro de la ciudad no responde bien cuando lo hieren, sino que se van, ni siquiera llaman a una ambulancia, nada, analizó.

Aquí resultan expuestas una vez más las falencias internas de los procedimientos, controles, protocolos, códigos de silencio, problemas que visibilizan lo poco que se ha hecho desde octubre de 2019, realmente muy poco, porque el poder político se acuerda de los temas de seguridad cuando hay escándalos, agregó.

Dammert precisó que si bien la confianza en Carabineros ha sido históricamente alta en promedio, cae en los sectores populares y más aún entre los jóvenes, porque es con ellos donde se ejerce mayor nivel de discrecionalidad. Esa confianza merma, pues en los últimos años la respuesta frente a temas delictivos es cada vez menor, a la vez que crecen las denuncias de corrupción puntuales que después se convierten en sistemáticas e institucionales y también por la percepción constante del uso excesivo de la fuerza.

Carabineros se ha convertido en foco de la rabia ciudadana porque es efectivamente una autoridad violenta, por la incapacidad que tienen sus elementos de reconocer errores y porque finalmente la política no los gobierna.

La tarde del lunes se conocía otro hecho trágico relacionado con Carabineros: un joven que el fin de semana fue detenido en el contexto de un control de identidad y arrojado a un calabozo en una comisaría en la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago, fue encontrado muerto al interior de la celda, supuestamente se suicidó por ahorcamiento.