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Pide la Iglesia a las autoridades negar permiso a otro basurero tóxico en SLP
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 2 de febrero de 2021, p. 26

Zacatecas, Zac., Los integrantes de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, San Luis Potosí, emitieron un exhorto en el que piden el cuidado de la casa común a Juan López Botello, alcalde perredista de Villa de Guadalupe, y solicitan a él y al cabildo de esa demarcación que no aprueben el cambio de uso de suelo ni los permisos de construcción de un nuevo basurero de desechos tóxicos en esa localidad.

En un oficio de cuatro cuartillas, los curas de la Pastoral Social del Altiplano potosino: Felipe Martínez Vázquez, Salvador Juan Villalpando González, Ignacio Hernández Maciel, Raúl Benítez Mendizábal y Javier Agustín Morán Portales, advierten al edil que poseen información de que empresarios no identificados quieren instalar un basurero tóxico en dicho municipio.

Permitirlo, alertaron, tendría severas consecuencias ambientales y sociales, como ha ocurrido con el confinamiento de residuos peligrosos La Pedrera, ubicado en el ejido Los Amoles, municipio de Guadalcázar.

En ese vertedero, lamenta la Pastoral Social de Matehuala, la experiencia nos ha enseñado que las promesas de construcción, mantenimiento, supervisión y sanciones, tanto por parte de los inversionistas como de las autoridades, no han sido cumplidas, con daños ambientales irreversibles.

La misiva se entregó a López Botello en sus oficinas el pasado viernes, y se hizo llegar una copia a Margarito Salazar Cárdenas, obispo de Matehuala; Jesús Carlos Cabrero, arzobispo de San Luis Potosí; Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, así como al Comité de Defensa del Territorio de Guadalcázar y a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

Desde hace años hemos consultado con especialistas que nos han advertido de los riesgos ambientales a corto, mediano y largo plazos, y de quiénes están pagando ya las consecuencias, es decir, todos los habitantes de la región.

Ya frenaron un proyecto

En la última década, mujeres, campesinos, maestros, pequeños empresarios, ganaderos y representantes indígenas de la comunidad wixaritari del altiplano de San Luis Potosí han realizado asambleas y reuniones informativas, para impedir la edificación de nuevos vertederos.

Su último logro, con el respaldo de la Pastoral Social y del Colegio de San Luis Potosí, fue impedir la construcción de un basurero tóxico en el rancho Palula, propiedad del empresario José Cerrillo Chowell.