Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió ayer que los nicaragüenses que promueven sanciones de otros países contra su gobierno han perdido el derecho a participar en las elecciones del próximo año, en clara alusión a sus opositores.

El gobernante socialista envió de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, un proyecto de ley que plantea que quienes inciten a la injerencia extranjera o que “demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones (...) no podrán optar a cargos de elección popular.

Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra (...) perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones, ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten, sostuvo Ortega en un acto de graduación de cadetes de la policía. Aún no se informa cuándo será debatida la iniciativa en el Parlamento.

Ortega, en el cargo desde 2007 y que podría postularse a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre de 2021, se quejó porque la oposición celebra cada vez que se anuncia una sanción internacional contra su gobierno.

Ésos no son nicaragüenses, no sé como se les ocurre pensar que con esa actitud van a participar en una elección. Son terroristas, son criminales y vendepatrias, porque siguen pidiendo más sanciones, recriminó Ortega a la oposición, la mayoría de ella extraparlamentaria.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios, familiares de Ortega e instituciones por corrupción y violación de derechos humanos en las protestas de 2018. Según organismos de derechos humanos locales e internacionales, las manifestaciones dejaron más de 320 muertos, miles de exiliados y detenidos.

Esta semana, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, aseguró que Estados Unidos mantendrá la presión sobre el gobierno sandinista de Ortega, más allá del cambio de mando en la Casa Blanca en enero.

La gestión de Donald Trump endureció sanciones contra Nicaragua y sus aliados socialistas Venezuela y Cuba, a los que llamó “la troika de la tiranía”, acusándolos de antidemocráticos.