Tijuana, BC. Estero Beach, el hotel donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se hospeda cuando visita Ensenada y es propiedad de la familia del senador morenista Gerardo Novelo, adeuda 137 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) por consumo no reportado de agua y uso de drenaje.

Una auditoría realizada por la empresa Fisamex –la cual tiene un contrato con el gobierno estatal para revisar el consumo de agua y los pago de todas las empresas– reveló que Estero Beach tiene permiso para extraer de dos pozos hasta 15 mil metros cúbicos de agua mensualmente; sin embargo, usa 12 veces más de lo autorizado.

Durante su emisión diaria en Facebook, el gobernador Jaime Bonilla ordenó a Vicenta Espinoza, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. No importa que sea senador. Se acabaron esos tiempos, dijo.

Fuentes cercanas al mandatario comentaron que Bonilla expresó que es una vergüenza que en ese hotel se haya hospedado López Obrador hace 15 días.

En la emisión de Bonilla (una especie de conferencia de prensa mañanera), el gobernador apuntó que los 137 millones 704 mil 500 pesos que debe dicho hotel a la CESPE son dinero del pueblo. Por eso Ensenada está muy amolada, porque se ha solapado a estas personas con la cachucha de empresarios y ahora de plenipotenciarios políticos.

Novelo, suplente de Jaime Bonilla en el Senado, representa, junto con el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, a un bloque de aspirantes a la gubernatura de Baja California que es un contrapeso a los intereses del gobernador.

Bonilla aseguró que González Cruz transgrede los principios de la Cuarta Transformación al solicitar autorización para obtener un crédito de 300 millones de deuda pública en complicidad de sus regidores lamebotas en el cabildo.

En su momento, González Cruz argumentó que la deuda es para subsanar un pasivo de 600 millones de pesos que generó el propio Bonilla por incumplir con la entrega de participaciones federales, lo cual reveló la Auditoría Superior de la Federación.

González Cruz respondió que el gobernador es el mayor riesgo para la 4T en Baja California porque está destruyendo el proyecto y denigra a la propia investidura de gobernador). Yo no te tengo miedo. Si voy a ser el primer preso político de Baja California, adelante, retó.

Los hermanos González Cruz son propietarios de un edificio en Mexicali que fue rentado a la Secretaría de Salud en febrero pasado, cuando uno de ellos, Luis Alfredo, trabajaba en la Oficialía Mayor del estado y el otro ya era alcalde.

(Con información de Juan Pablo Guerra, especial para La Jornada)