Con una pena de hasta ocho años de cárcel y mil veces la unidad de medida y actualización –86 mil 880 pesos a su valor actual–, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso aprobó la iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona a funcionarios que filtren videos o fotografías del lugar de un crimen con imágenes de cuerpos de mujeres, niñas o adolescentes.

La Ley Ingrid, que presentó al Legislativo la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, se aprobó por unanimidad de los 12 diputados presentes en la sesión virtual de la comisión, con modificaciones que disminuyen la pena prevista en el proyecto original.

Godoy presentó la iniciativa en febrero pasado en respuesta a la indignación causada por el feminicidio de Ingrid Escamilla y la publicación en la prensa de imágenes.

En su propuesta, la fiscal planteaba una pena de hasta ocho años de cárcel y dos agravantes que incrementarían la sanción en hasta una tercera parte, cuando los cuerpos de las imágenes difundidas fueran de mujeres, niñas o adolescentes y hasta una mitad más si el servidor público que incurriera en el delito fuese integrante de alguna institución, con lo que la pena de prisión máxima alcanzaría los 16 años.

La reforma añade un artículo 293 quáter al título de delitos en contra el adecuado desarrollo de la justicia cometidos por funcionarios, que establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y una multa de 500 a mil unidades de medida y actualización a la persona servidora pública que de manera indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencia, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal.

Agrega sólo una agravante que podría aumentar la pena una tercera parte: los casos en que la información sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se trate de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.