esde hace cuatro años el salario mínimo general ha tenido incrementos claramente superiores a la inflación, de modo que los remunerados con ese salario han recuperado capacidad adquisitiva. En las negociaciones respectivas ha habido posiciones convergentes de las agrupaciones obreras y patronales para promover la recuperación salarial. Gracias a ello, los salarios mínimos aumentaron 9.6 por ciento en 2017, 10.4 en 2018, 16.2 en 2019 y 20 por ciento en 2020, acumulando un incremento de 68.7 por ciento desde 2017. Este 2020, producto de los efectos económicos de la pandemia, esta convergencia se ha roto y en las negociaciones para fijar el salario mínimo para 2021 Coparmex ha propuesto un incremento de entre 4 y 10 por ciento. Esta postura empresarial puede modificarse atendiendo a un análisis más completo.
El Observatorio Internacional de Salarios Dignos de la Universidad La Salle (OISAD), en su boletín informativo del 27 de noviembre pasado, con argumentos muy atendibles ha señalado que el salario mínimo para 2021 podría aumentar entre 19 y 23 por ciento, fijándose entre 145.63 y 151.56 pesos diarios. Con un incremento de esta proporción se continuaría la recuperación salarial iniciada en 2017 y acelerada sensiblemente desde la llegada de la 4T al gobierno federal. El incremento propuesto por el OISAD se justifica, además, por que los asalariados vieron que su capacidad para adquirir una canasta alimentaria básica se redujo en esta pandemia.
Es conveniente recordar que la capacidad adquisitiva de los salarios mínimos se deterioró desde 1976. Durante 40 años los trabajadores que reciben un salario mínimo acumularon una pérdida equivalente a las dos terceras partes de la capacidad de compra que tenían en 1976. Apenas hace cuatro años, pero señaladamente desde 2019, la remuneración de los asalariados se ha acercado a lo requerido para adquirir la canasta básica. De acuerdo con el índice de tendencia laboral de pobreza (ITLP) del Coneval, que expresa el porcentaje de mexicanos cuyo salario no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, los aumentos salariales de los pasados cuatro años redujeron alrededor de 15 puntos base la pobreza laboral.
La pandemia provocó que esas ganancias del salario mínimo se perdieran, pero hubiera sido mucho mayor sin los incrementos salariales de 2019 y 2020. El comportamiento económico del tercer trimestre de este terrible 2020, que se mantiene sensiblemente por debajo de los niveles observados en el primer trimestre, da cuenta de que las variables macroeconómicas fundamentales empiezan a recuperarse, no a la velocidad deseable, pero con una tendencia relativamente aceptable. El empleo, la inflación y el tipo de cambio recuperan estabilidad, lo que permite prever un escenario en el que sería posible continuar la recuperación salarial.
Es importante recordar que la canasta básica alimentaria a febrero de este 2020 tenía un costo por persona de mil 568 pesos mensuales, de modo que una familia típica de cuatro miembros requeriría un ingreso mensual de 6 mil 272 pesos. El salario mínimo vigente en 2020 es de 123.22 pesos, lo que le permitiría a ese trabajador y su familia adquirir el 58 por ciento de lo requerido para fines alimentarios, sin cubrir otras necesidades. La brecha es importante. Para poder adquirir solamente la canasta básica alimentaria el salario mínimo debiera ser de esos 6 mil 272 pesos mensuales, es decir, 188.16 pesos diarios, 53 por ciento más del monto que tiene este año. Ese incremento no es posible, pero es fundamental continuar la recuperación salarial.
La determinación de los salarios mínimos vigentes para 2021, tanto a nivel general como para la zona fronteriza, que ocurre en estos días debe proponerse mantener la política de recuperación salarial.
Como lo plantea el OISAD, acordar que los salarios mínimos se fijen en 150 pesos implica avanzar hacia la meta fundamental de que ese salario mínimo permita adquirir una canasta básica alimentaria. Económicamente se ha probado que los incrementos acordados desde 2017 no han tenido impacto en la inflación, ni han reducido el empleo formal. Por el contrario, basados en un modelo econométrico con datos de panel para las 32 entidades del país, estimado por OISAD, se mostró que el aumento salarial tuvo un impacto positivo en el nivel de empleo y fue neutral en términos de precios. Se justifica plenamente proponer un incremento al salario mínimo general de 21.7 por ciento, fijándolo en 150 pesos diarios. Hay condiciones económicas y políticas que lo permiten.
