esde Hace un año –cuando la iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia le movió el tapete– la cúpula empresarial ha hecho hasta lo impensable para cancelar cualquier posibilidad de que el Legislativo modifique una sola coma a la regulación sobre outsourcing que le regaló Felipe Calderón en septiembre de 2012, a escasos meses de salir de Los Pinos.

La cúpula se retuerce y chantajea: cualquier modificación en la materia afectará el empleo que genera el sector privado, según dice, por mucho que ese tipo de empleo no sea más que ocupación muy mal pagada y abiertamente violatoria de la Ley Federal del Trabajo, que solo precariza, aún más, el mercado laboral del país. Los barones lograron congelar la iniciativa citada líneas arriba –por cortesía de uno de sus cabilderos, Ricardo Monreal–, y pensaron que la situación estaba resuelta. Nunca imaginaron que el mismísimo Presidente de la República presentaría la propia, en el entendido de que en el Legislativo no hay un congelador que pueda mantenerla en el olvido.

En la Cámara de Diputados armaron dos sesiones de parlamento abierto para que el sector empresarial planteara sus puntos de vista sobre la necesidad de cambiar las reglas del juego sobre el outsourcing. Meses atrás en el Senado de la República hicieron lo mismo, aunque 80 por ciento de los participantes representaban al sector empresarial, lo que da una idea de lo equilibrado que fue el ejercicio (en ese entonces Monreal dio por cerrado el tema y todo se fue a la congeladora parlamentaria).

En este nuevo ejercicio parlamentario, ¿qué plantea ahora la cúpula empresarial? Lo de siempre: que no se altere la regulación sobre el outsourcing, que no le muevan, porque va en contra de los trabajadores (¡qué cara más dura!) y que esta práctica se mantenga, porque así lo dispone el sector privado. Según su análisis, violar la Ley Federal del Trabajo sistemáticamente, y de pasadita la legislación fiscal, es sinónimo de estado de derecho.

En la mañanera de ayer el presidente López Obrador dejo en claro que es una pésima decisión promover y permitir empleos mal pagados. Es una vergüenza que sea más elevado el salario en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En el neoliberalismo se avalaron las reformas que hicieron proliferar estas prácticas y deterioran en grado sumo el ingreso de los trabajadores. De hecho, el salario mínimo que se paga en México ocupa la antepenúltima posición en América Latina, con todo y los incrementos autorizados para 2019 y 2020.

La iniciativa presidencial, dijo López Obrador, busca que “no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo en actividades que lo requieran, y en el resto lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores no permitirlo; el gobierno conversará con el sector empresarial para determinar en cuáles casos se podría operar el outsourcing sin que se registren abusos”.

En el parlamento abierto de la Cámara de Diputados, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, subrayó: “hemos visto un crecimiento desmedido de los esquemas abusivos de la subcontratación y necesitamos ponerle fin; las empresas de terciarización realizan pagos no auditables y utilizan conceptos que no se integran al salario base de cotización”.

La funcionaria detalló que en empresas con indicios de evasión se confirmó que había un registro menor del salario al que realmente se pagaba a los trabajadores, con una variación de 40 a 400 por ciento, mientras el director del Infonavit, Carlos Martínez, subrayó que el abuso es tal que un trabajador que está en un mismo centro de trabajo, por ejemplo un hotel, que acude a su centro laboral todos los días durante una década, puede tener 10 patrones en año, lo que implica que no tiene continuidad laboral y eso le impide solicitar un crédito de vivienda.

He ahí el tipo de empleo que la cúpula empresarial pretende mantener intocado.

Las rebanadas del pastel:

Ya aprendieron el caminito. Ahora va Rosario Robles.

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