El Senado aprobó por unanimidad un acuerdo regional para garantizar justicia y protección a los defensores del ambiente en América Latina y el Caribe. Se trata de un instrumento internacional signado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, que compromete a México a poner en marcha medidas adecuadas y efectivas para proteger la vida, la integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación de los ­ambientalistas.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, junto con dos reservas interpretativas, fue avalado por todas las fuerzas políticas, la noche del jueves pasado, en que sesionó esa cámara, y fue remitido al Ejecutivo federal para su ­promulgación.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Beatriz Paredes, explicó que se trata de un acuerdo de última generación, pionero en la protección y salvaguarda de asuntos ambientales, desde una perspectiva de protección de los derechos humanos.

El Acuerdo de Escazú representa una contribución importante a la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales. El momento de discursos ha pasado, ahora se impone proceder a las acciones, expuso a su vez el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el morenista Héctor Vasconcelos.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, Raúl Bolaños Cacho Cué, resaltó que este instrumento es fundamental, sobre todo para México, “donde hemos sido testigos de que las personas defensoras ambientales, las comunidades y pueblos indígenas son objeto de intimidaciones y agresiones por proteger y promover los entornos naturales en sus regiones.

“Este acuerdo es innovador porque garantiza el ejercicio de tres derechos fundamentales, como son el acceso a la información, la participación en los procesos de toma de decisiones que pudieran tener impacto ambiental y acceso efectivo a la justicia ambiental cuando los derechos han sido vulnerados.

Es tiempo de ir unidos a la vanguardia con el mundo entero hacia un planeta verde y sustentable y sólo faltaba la aprobación de México para que el Acuerdo de Escazú entrara en vigor en el mundo entero, recalcó Bolaños Cacho.

En el dictamen se precisa que los países firmantes adquieren el compromiso de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. El acuerdo, se agrega, es resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del comité de negociación, en las que México participó activamente compartiendo propuestas, experiencias y buenas prácticas, lo que se tradujo en la adopción de un acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad.

Se detalla que el Estado mexicano hizo declaraciones interpretativas de los conceptos daño y daño significativo, a fin de mantener la congruencia entre éstos y el marco jurídico nacional, en particular, con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y protección al ambiente.