En México, las diferentes fuerzas de seguridad –especialmente el Ejército y la Marina– cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada, pero en vez de erradicar esa práctica, las fiscalías de todo el país han obstaculizado a propósito las investigaciones para garantizar a los uniformados que nadie los castigará.

Así lo indicaron los autores del informe Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018), quienes lamentaron que el actual gobierno siga dándole poder a las fuerzas armadas, pese a que sus delitos e irregularidades están bien documentados.

Jorge Lule, investigador de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó durante la presentación del volumen que fueron analizados un total de 301 casos de violaciones graves, entre ellas desapariciones forzadas, asesinatos y actos de tortura.

De acuerdo con información de la base de datos electrónica I-DOC, señaló, los anteriores episodios dieron lugar a 268 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con un saldo de mil 195 víctimas.

Luego de destacar que parece haber un formato prestablecido con los mismos elementos en todos los casos, en el cual los abusos son ocultados por las autoridades y las víctimas son criminalizadas, Lule resaltó que en 63 por ciento de los episodios estudiados los responsables de los crímenes son la Marina y el Ejército, seguidos de las policías Federal, estatales y municipales.

Por su parte, Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la CMDPDH, recalcó que este tipo de abusos deben ser considerados delitos de lesa humanidad y puntualizó que se cometen en México de forma sistemática y generalizada, por lo que es imprescindible estudiar la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y pedir la ayuda de organismos internacionales para acabar con la impunidad.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, comentó que la situación de violencia en el país no va a cambiar si no se modifican los procedimientos de las fiscalías para judicializar las denuncias y obtener sentencias condenatorias contra los responsables de estos abusos.

Hay una decisión en las fiscalías de no querer un cambio. La impunidad en México no es casual ni accidental: las autoridades hacen lo posible por alimentar esa maquinaria, y hasta que no haya voluntad real de modificar el estado de las fiscalías, esto no va a cambiar, lamentó.