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Fija Comisión de Atención a Víctimas en 47.5 mdp el daño causado por las 26 muertes en el Rébsamen
 
Periódico La Jornada
Martes 29 de septiembre de 2020, p. 30

La Comisión de Atención a Víctimas tasó en un millón 760 mil pesos, en promedio, la reparación integral del daño a cada familia de los 19 niños y siete adultos que fallecieron al colapsar el colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, informó el abogado Rosendo Gómez Hernández.

Dicho monto, que significa una erogación total de 45 millones 760 mil pesos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) la incorporó como una petición formal tras conocerse el resultado de los 26 proyectos de vida, así como una indemnización obligatoria de 350 mil pesos por cada víctima directa, pero algunos padres de familia han solicitado el pago de gastos funerarios, pese a que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno capitalino los cubrieron en su momento.

Comentó que algunos incluso pretenden incorporar gastos por atención sicológica y cuestiones como que dejaron ir contratos de 6 millones de pesos o tuvieron que comprar una casa para cambiarse de domicilio, lo cual no compartimos, pero respetamos.

Los jueces, sin embargo, determinarán si procede su solicitud y la incorporan en la reparación integral del daño, dijo el abogado al término de la sexta audiencia de individualización de pena, a la que asistió la subprocuradora de procesos de la FGJ, Alicia Rosas Rubí.

Su presencia, consideró el representante legal de la directora y dueña del colegio, Mónica García Villegas, es una persecución de la fiscalía, que busca que se le imponga una pena de 74 años por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obra, lo cual es inaudito.

Confió en que los jueces rechazarán dichas peticiones, aunque de aprobarlas, se apelarán, así como la pena que se fije a la maestra. En tanto, se analiza presentar una queja y/o una denuncia en el órgano de control de la fiscalía contra la subprocuradora.

No sólo se presentó, sino que lo hizo como ministerio público, lo cual está fuera de sus funciones y significa una forma de presión hacia los jueces, como sucedió el día que determinaron que la maestra era culpable de esos ilícitos, afirmó.