Chihuahua, Chih., El gobernador panista Javier Corral dijo ser víctima de una operación embustera del gobierno central respecto al conflicto por el agua de las presas de Chihuahua y negó tener vínculos con criminales o haberse comprometido en diciembre del año pasado a colaborar con autoridades federales para el pago del Tratado Internacional de Aguas.

A pregunta de reporteros, Corral negó los señalamientos que Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, hizo en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y respondió que las acusaciones deben entenderse por partes.

Ricardo Mejía es un porro mediático de López Obrador, agregó, y dijo lamentar la tragedia de México por haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Peña Nieto, a uno que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad.

Defendió que la adjudicación de la obra de una tratadora de aguas en el municipio de Delicias al empresario Carlos Cuevas fue legal. Fue la propia fiscalía del estado la que investigó y lo detuvo por el delito del asesinato de sus escoltas.

Corral sostuvo que nunca acordó colaborar con la Secretaría de Gobernación (SG) y Conagua, pues no hubo pacto firmado para permitir el trasvase de agua de las presas del estado. En diciembre pasado estuvimos varios gobernadores, se nos informó que querían adelantar el pago del tratado y sacar mil millones de metros cúbicos de La Boquilla, (pero) nunca hubo un acuerdo firmado, justificó.

Sin embargo, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que el 3 de diciembre de 2019 se reunieron gobernadores de los estados del norte para acordar el pago del agua, y que el primero de agosto de este año él mismo se reunió con Corral para firmar otro acuerdo respecto a cuánto se entregaría de escurrimientos del río Conchos hacia las presas.

El vicepresidente de la cámara local de diputados, el priísta Omar Bazán, dijo que Corral ha jugado a la simulación, lo que derivó en una confrontación con la Federación que sólo está perjudicando a los chihuahuenses.

Dijo que en una reunión efectuada en diciembre en la SG, en la que estuvieron sus homólogos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como titulares y representantes de la Conagua y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el gobernador pactó la entrega del agua, desde entonces nada ha dicho de los acuerdos específicos para Chihuahua y ahora sale con que es víctima y se pelea con el gobierno federal, precisó Bazán.

En tanto, la mayoría del Congreso local votó a favor de exhortar al Consejo de Cuenca del Río Bravo –presidido por el gobierno del estado– a que transparente las acciones que ha tomado, en ausencia de un reglamento para la disponibilidad y distribución del agua en el Programa de Manejo Integral de Cuenca, y no garantiza equidad ni el uso sustentable de las aguas superficiales y subterráneas.

El organismo encabezado por Óscar Ibáñez Hernández, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, no ha buscado los consensos necesarios para integrar una agenda del agua regional, dijo Miguel Ángel Colunga Martínez, líder de la fracción parlamentaria de Morena.

Arturo Rentería, del Movimiento Cívico Jimenense, comentó que nunca debieron ser autorizados los sembradíos de nogales en el desierto de Chihuahua por la estratosférica cifra de agua que consumen. Para que una nuez crezca se necesitan de 60 a 100 litros, dijo. El cultivo comenzó a explotarse con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.

El líder campesino explicó que en esa región de Jiménez, en pleno desierto, explotan tanto los mantos acuíferos que de mil 200 pozos profundos, muchos de ellos ilegales, se extraen hasta 9 mil 850 litros de agua que se requieren para producir cada kilogramo de nuez; de esa cantidad de pozos, sólo 18 abastecen al sector doméstico de Ciudad Jiménez con agua de mala calidad para el consumo humano.