Pachuca, Hgo., El Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), máxima autoridad de la institución, designó a la diputada federal Lidia García Anaya, del partido Morena, presidenta del patronato universitario, en sustitución del ex rector Gerardo Sosa Castelán, de quien la legisladora es incondicional.

Hace casi dos semanas Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad –influyente en la política hidalguense desde 1975–, fue detenido y se le vinculó a proceso por delincuencia organizada y operaciones con 58 millones de pesos de origen ilícito.

En ceremonia solemne, García Anaya rindió protesta la noche del sábado ante el Consejo Universitario, encabezado por el rector Adolfo Pontigo Loyola.

Según el área de prensa de la UAEH, la presidencia del patronato es un cargo honorífico por el cual no se percibe retribución alguna, y su finalidad es contribuir a la consolidación de la autonomía financiera de la universidad, así como generar mejores condiciones y prestaciones para la comunidad universitaria.

Lidia García, maestra en derecho, fue secretaria de asuntos jurídicos de la UAEH. Impulsada por Gerardo Sosa, fue secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la UAEH, y por acuerdos del Grupo Universidad con el Partido Acción Nacional (PAN), en 2009 fue incluida en la planilla de candidatos a regidores del municipio de Pachuca.

En 2018, tras la llegada del Grupo Universidad a Morena, Sosa Castelán negoció con el entonces presidente estatal de ese partido, Abraham Mendoza Zenteno, que se postulara a García Anaya a una diputación federal.

Bloqueo a la UIF

Ya como legisladora, el 6 de noviembre de 2019, sin consultarlo con el resto de la fracción de Morena, Lidia García presentó una reserva a una iniciativa para modificar la Ley de Instituciones de Crédito. La reserva obligó a que las notificaciones de bloqueo de cuentas bancarias fueran por escrito, y eliminó la propuesta de facultar a la Secretaría de Hacienda para promover la extinción de dominio de los recursos de cuentas bloqueadas.

El principal argumento fue que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a solicitud de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), bloqueó las cuentas de la UAEH tras detectar 151 millones de dólares en bancos suizos, por lo que no podía pagar a sus jubilados. La reserva fue aprobada.