La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) está a la espera de que la defensa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), entregue mayores pruebas del involucramiento de ex presidentes y legisladores en actos de corrupción durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a fin de que se fortalezcan sus señalamientos.

Funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que mientras tanto los abogados de Lozoya Austin proporcionan mayores elementos para el análisis ministerial pericial, el área encargada de investigar delitos fiscales y financieros revisa los documentos aportados el pasado 11 de agosto con los que el ex funcionario federal acompañó su denuncia inicial.

Lozoya Austin presentó un escrito en el cual menciona que él recibió de la firma brasileña 3 millones 150 mil dólares para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de los cuales 1.6 millones se destinaron a pagar a varios consultores extranjeros y el resto se los quedó él.

Asimismo, refirió en su texto que la empresa brasileña Odebrecht tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y en el apartado denominado “Etileno XXI –etapa de Felipe Calderón Hinojosa–”, señala cómo el proyecto comenzó a fraguarse desde que éste era titular de la Secretaría de Energía, y fue diseñado para favorecer a la firma Braskem, filial de Odebrecht, en un esquema que obligaba a Pemex a surtirla de etano a 30 por ciento del precio de mercado.

La Seidf es el área encargada de integrar las acusaciones tanto en contra de Emilio Lozoya, por haber recibido sobornos por parte de Odebrecht (10.5 millones de dólares), como tres millones de dólares del empresario Alonso Ancira tras haberse aprobado la compra por parte de Pemex de la compañía Agronitrogenados, con un sobreprecio de 200 millones de dólares.