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Organismo debió crearse en 2015

Indicaciones de Cedhbc son como llamadas a misa: Jaime Bonilla

Ante la indicación de crear comisión de atención a víctimas, el gobernador dice que se enfocará en otros temas

Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de agosto de 2020, p. 26

Mexicali, BC., Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhbc) son llamadas a misa, y nosotros vamos a seguir con nuestros temas porque es un gobierno de sólo dos años, expresó el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, al referirse a la recomendación para crear la Comisión Estatal de Víctimas de Baja California.

La referencia coloquial alude a que no son obligatorias ni vinculatorias tales recomendaciones, aunque están obligadas las entidades públicas a acudir al Congreso local, actualmente con mayoría de Morena, para justificar la no aceptación. Sin embargo, nunca se ha realizado esta obligación gubernamental.

De 2015 a la fecha se tiene un registro de 900 víctimas en la entidad, 600 de ellas son de la colonia Lomas del Rubí, municipio de Tijuana, quienes sufrieron el colapso de sus viviendas por obras de una inmobiliaria en 2018, daño que no ha sido reparado al no existir una comisión estatal ni el fondo económico para este fin.

Desde 2017 se requirió a la administración estatal, en ese entonces panista, actualizar las obligaciones de la Ley General de Víctimas, que incluye la integración de un fondo financiero anual para la reparación de daños que determine un juez.

La Cedhbc emitió esta semana una recomendación para que los tres poderes públicos y los cinco ayuntamientos aprueben los trabajos para instalar esta Comisión Estatal de Víctimas ante el rezago existente durante el último lustro.

Bonilla Valdez desdeñó la recomendación al advertir que se trata de llamados a misa, por lo que se prevé que esta entidad de atención a víctimas se mantenga ausente hasta que concluya el gobierno morenista en otoño de 2021.

De las 73 recomendaciones emitidas por la Cedhbc en los pasados cinco años, sólo tres han sido atendidas, pese a que son cometidas por servidores públicos, la mayoría por agentes policiacos de los cinco municipios y del propio estado, aunque también destacan de autoridades educativas y de salud.