Guadalajara, Jal., Cuatro sujetos armados, vestidos de negro y encapuchados, llegaron el sábado poco después del mediodía en una patrulla de la policía estatal sin rotular a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia San Gaspar del municipio de Tonalá, y se llevaron al propietario, Carlos Javier Flores, de 47 años de edad, cuyo paradero se ignora.

“Dijeron que eran de la fiscalía y de la policía estatal y preguntaron por Carlos. Él se levantó de su asiento. ‘Díganme, a la orden’, les contestó. ‘Te vamos a hacer una revisión de rutina’, dijeron, y se lo llevaron. Estamos angustiadas, con mucho miedo porque nos han amenazado”, dijo una pariente de la víctima.

Dentro y fuera del establecimiento hay cámaras de seguridad que grabaron lo sucedido.

La familia de Flores llamó al número de emergencias 911 y acudió la patrulla de la policía estatal número JR-90-847, con rótulos de la corporación, de la cual bajaron tres agentes que amedrentaron a las mujeres que atendían el local. Les exigieron que entregaran las grabaciones de las cámaras y de teléfonos celulares, a lo cual se negaron.

Nos dijeron que no nos convenía difundir las imágenes, que podría haber represalias. Para nuestra fortuna, había una patrulla de la policía de Tonalá y por eso los estatales se retiraron, agregó la familiar de Flores.

Un mando de la policía tonalteca corroboró la llegada de la segunda patrulla estatal y señaló que ya se investiga.

Autoridades se deslindan

Ante la difusión del video del secuestro en redes sociales, el fiscal Gerardo Octavio Solís y el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bosco Pacheco, negaron en conferencia de prensa que el vehículo en que se llevaron a Flores sea de alguna corporación estatal o municipal, y argumentaron que todas sus unidades están rotuladas. Se presume que ese vehículo pertenece a una célula de la delincuencia organizada, dijo Solís.

El uso de vehículos sin rotular por la policía estatal y las municipales de Jalisco para cometer delitos ha sido documentado desde hace años por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El año pasado indicó que en al menos cinco ocasiones policías municipales secuestraron personas para entregarlas a la delincuencia organizada.