erdo, pero seguro, el gobierno de la 4-T anunció (un año y medio después del compromiso original) que se alcanzarán acuerdos con la trasnacional IEnova para que ésta concluya la construcción del gasoducto Sonora, que debió entrar en servicio en 2016, pero detuvo su avance por haber ocupado ilegalmente territorio yaqui. Con todo y que la empresa tiene un retraso espectacular en la obra, no ha dejado de cobrar al 100 por ciento, como resultado de un contrato leonino (uno de tantos), firmado en el sexenio de Peña Nieto, que amparaba no sólo precios descomunales, sino la garantía de que recibiría íntegramente su pago, sin importar que diera o no el servicio. Un verdadero asalto a la nación.

El 12 de febrero de 2019 el director general de la Comisión Federal de Electricidad (a quien las empresas citadas deberían dar servicio), Manuel Bartlett, denunció: Hay contratos con las empresas IEnova, Carso y TransCanada que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la CFE a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas. La comisión lleva pagados, el año pasado, 5 mil millones de pesos y éste estaría desembolsando otros 16 mil millones. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones y seguirá así hasta llegar a 70 mil millones. De continuarse esos contratos, la empresa del Estado está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes.

Tras esa denuncia, los tres consorcios privados negaron responsabilidad y adujeron razones de legalidad y fundamentos de transparencia en todo el proceso que las llevó a ganar cada una de las licitaciones de las que ahora son beneficiarias, es decir, cobrar sin dar el servicio. Y uno de ellos, IEnova (filial de la estadunidense Sempra Energy), reclamó que el gasoducto a su cargo fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto de 2017; los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales y locales. De cualquier forma, siguió cobrando. De hecho, no ha dejado de hacerlo.

Pero el sabotaje que pretexta IEnova no fue tal, sino la invasión, por parte de la trasnacional, de territorio yaqui, por lo que el tercer tribunal colegiado prohibió a la empresa continuar con la obra. El delito, pues, fue del consorcio gringo, no de los propietarios de la tierra.

Año y medio después de lo expuesto por Bartlett, el presidente López Obrador dijo que se deben alcanzar acuerdos para conectar el gasoducto de IEnova (aunque se tenga que desviar), porque si no estamos pagando multas a este tipo de empresas, muchas extranjeras asociadas con funcionarios y políticos corruptos de México.

Pero es más complicado: quien violó la ley fue la trasnacional, no los yaquis. La corresponsal de La Jornada en Sonora, Cristina Gómez Lima (8 de junio de 2017), lo detalló así: “Integrantes de la tribu yaqui opositores al gasoducto se enfrentaron ayer con empleados de IEnova, que realiza la obra a pesar de que un fallo del tercer tribunal colegiado le prohibió continuar. Autoridades del pueblo Loma de Bácum, inconformes con el gasoducto, entraron al área de construcción y usaron sus cuerpos como escudos para impedir que las máquinas siguieran con las excavaciones en sus tierras.

El 26 de abril (2017), el juez ordenó a IEnova parar las obras e inició un juicio para sacar los tubos. Los yaquis defenderán de delincuentes y asesinos el respeto a sus derechos y a su nación. La empresa llegó a este punto de enfrentamiento por ahorrar dinero. Al comienzo del proyecto presentaron dos trazos: el que no atravesaba el territorio étnico, que costaba 400 millones de pesos, y el que pone en riesgo la vida de los yaquis, 100 millones.

Pero esta historia todavía no termina.

Las rebanadas del pastel

Toma fuerza el ejemplo de Oaxaca: los gobiernos de la Ciudad de México y Tabasco se sumarían a la prohibición de vender, obsequiar o donar productos chatarra a menores de edad. Buen comienzo para abatir la obesidad infantil.

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