Política
Ver día anteriorLunes 27 de julio de 2020Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Reducción de salarios aún tiene juicios en trámite
 
Periódico La Jornada
Lunes 27 de julio de 2020, p. 5

Promulgada hace más de año y medio, la medida de reducir los salarios a altos funcionarios del gobierno federal aún se enfrenta a varios litigios.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están pendientes de resolución controversias constitucionales del Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Presupuesto de Egresos.

A principios de 2020, el Consejo de la Judicatura Federal reportaba que existían 4 mil 599 amparos contra dicha legislación, que comprendían 25 mil 174 quejosos, mientras se abrieron otros 6 mil 900 juicios contra la Ley de Austeridad Republicana, la cual también dispuso el recorte de prestaciones onerosas.

Primera reforma, por salario presidencial

A ellos se suma ahora una denuncia por incumplimiento de la primera resolución que dictó el máximo tribunal por este tema, en mayo del año pasado.

En ese entonces, la SCJN emitió una sentencia en la que se señala la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones, pero señaló que era preciso aclarar los parámetros para fijar el salario del Presidente de la República, que es la base sobre la cual se fijan las percepciones del resto de los funcionarios, lo cual dio lugar a una primera reforma.

Sin embargo, esta primera sentencia no ha sido acatada del todo, tanto así que ya llegó hasta la Corte una solicitud de reasunción de competencia, cuyo tema es conocer la denuncia por incumplimiento a la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Se trata de una denuncia que afirma que dicho ordenamiento no es acatado en el Instituto Nacional de Pediatría, y se pide a la SCJN que defina cuál instancia debe resolver este litigio o que, eventualmente, asuma directamente su estudio.