Cinco organizaciones civiles presentaron ante el Poder Judicial de la Federación una serie de amparos en contra del acuerdo militarista publicado el 11 de mayo con el que la Presidencia de la República autorizó a las fuerzas armadas participar en labores de seguridad pública hasta 2024.

En un comunicado conjunto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Unido Contra la Delincuencia, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta afirmaron que el mencionado acuerdo no garantiza que el uso de los elementos castrenses en labores de seguridad pública sea verdaderamente extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario.

Asimismo, viola las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Estos requisitos buscan limitar la arbitrariedad, violencia, y opacidad con la que operan las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Los colectivos recordaron que a lo largo de los 14 años en los que el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, se ha documentado su participación en la comisión de violaciones a derechos humanos; por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortu-ra, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.