Si bien el T-MEC prioriza la protección ambiental en distintos ámbitos, en el tema minero plantea la continuidad de las políticas que durante las décadas pasadas han beneficiado a las empresas extractoras extranjeras y traído consecuencias socioambientales y culturales negativas a las comunidades mexicanas donde se asientan, de acuerdo con especialistas universitarios.

Este tratado mantiene intacto el privilegio de un grupo selecto de empresarios nacionales e internacionales, planteó la investigadora Aleida Azamar, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en un encuentro virtual sobre las implicaciones ambientales del T-MEC, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El acuerdo comercial, añadió, se está utilizando como una herramienta para proteger a compañías nacionales y extranjeras que se han apropiado de gran parte del territorio para su aprovechamiento.

Expuso que una muestra de los impactos negativos de las políticas en materia minera mexicana que han sido plasmadas también en los acuerdos comerciales internacionales que ha firmado el país, es que en 13 de las regiones donde hay grandes proyectos mineros desde hace 10 años o más, la población está por debajo de la línea nacional de pobreza y siete más tienen un índice inferior a la pobreza extrema. Además, en al menos 10 comunidades tiene bajo nivel educativo y carecen de servicios básicos.

Lo que el sector minero intenta vendernos es que ofrece bienestar, desarrollo y crecimiento, pero esto no ha sido así, aseveró.

Juan Manuel Calderón, director de políticas públicas de la organización Environmental Defense Fund de México, señaló que el T-MEC da prioridad a la agenda del medio ambiente e incluye un capítulo específico que indica que la actividad exportadora de México hacia Estados Unidos y Canadá estará regida por la promoción del rigor en la protección ambiental.

En el acuerdo comercial se incluyeron metas como la reducción de la contaminación del aire, el combate al comercio de flora y fauna silvestre en peligro de extinción y a la tala ilegal, o la reducción de la basura marina, expuso.

Ojalá que los gobiernos de los tres países se lo tomen en la práctica con la seriedad que este tema lo requiere y que el gobierno mexicano tome el liderazgo necesario para complir con esas metas, declaró.

En el encuentro también participaron Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y Malin Jönnson, de la organización Semillas de Vida.