La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados concluyó el debate sobre una nueva Ley General de Aguas y prepara el proyecto de iniciativa que se presentará en la Comisión Permanente del Congreso para garantizar su derecho universal, aunque legisladores y organizaciones sociales alegan que faltan puntos por precisar.

Entre los asuntos que mencionan están el régimen de concesión, la figura de grandes usuarios, el reconocimiento y acceso de pueblos indígenas y afroamericanos al agua y que sea considerada un tema de seguridad nacional.

El proyecto se ha preparado a partir de las iniciativas de legisladores, de la agrupación ciudadana Agua para Todos y de la bancada parlamentaria de Morena, de acuerdo con el presidente de la comisión, Feliciano Flores Anguiano.

La intención de presentar una iniciativa para que la comisión la ponga a votación –en sesión presencial el 22 de julio– se da cinco años después de que el PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados propusieron y aprobaron en comisiones una ley que facilitaba la privatización del suministro e infraestructura, declaraba de interés público la participación de concesionarios y organismos privados en el servicio y autorizaba la fractura hidráulica. Ante el rechazo general, el dictamen de plano se desechó.

Ahora se pretende que la finalidad de la nueva ley sea regular la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución, control y preservación en cantidad y calidad para garantizar los derechos de acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible, con protección de un medio ambiente sano y bases, principios, y modalidades de participación de la Federación, los estados, la Ciudad de México, municipios, la ciudadanía y los pueblos indígenas.

En un análisis presentado a la comisión, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego consideró que las propuestas parten de manera equivocada en la intención de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, además de que no se identifica ni se realiza un diagnóstico real sobre la protección y garantía a la problemática del agua, situación financiera de organismos operadores, población sin acceso, calidad, contaminación de aguas superficiales y subterráneas ni las concesionadas al sector privado.

No obstante, resalta como coincidencias que se declare de interés público, entre otros, el manejo sustentable del agua en materia de gestión de los recursos hídricos, la protección de ecosistemas y conservación de cuencas, acuíferos, cauces y fuentes de abastecimiento vinculados con el sustento y producción de las aguas, la transparencia y garantía del derecho de acceso a la información pública en la materia y la organización de concesionarios, sistemas u organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, organismos públicos prestadores de servicios y autoridades indígenas y agrarias.