La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno de Michoacán contra el acuerdo presidencial que norma la actuación de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional (GN).

La participación de los militares en tareas de seguridad pública es uno de los seis puntos prioritarios en el Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación

La ministra Margarita Ríos Farjat admitió para su estudio la solicitud del gobierno de Michoacán para analizar la constitucionalidad del acuerdo del pasado 11 de mayo, por el cual se autorizó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en apoyo de la GN.

La SCJN también acusó recibo de la controversia promovida por la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, a la que se le asignó el número de expediente 90/2020. Sin embargo, aún no ha sido admitida a trámite.

Está pendiente otra petición de juicio constitucional sobre el tema promovida por el municipio de Colima, al que la ministra Ríos solicitó que aclare los términos de su demanda.

Horas antes, se publicó el Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2020-2024, donde se advierte que es necesaria la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ante la crisis de inseguridad provocada por el narcotráfico, el crimen organizado y el grave daño del tejido social.

El documento señala que se requiere de la capacidad de las fuerzas armadas para coadyuvar en el desarrollo económico nacional, por lo que se estableció su participación en programas sociales del gobierno, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.