En México se instauró una política de simulación en torno a la persecución de la evasión fiscal. Se legisló un artículo, el 69-B del Código Fiscal de la Federación (para dar a conocer emisores de facturas falsas), pero jamás se atacaron a las empresas constituidas expresamente para ocultar ingresos, declaró Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

Durante una conferencia convocada por la Universidad Panamericana, el funcionario, que de la mano del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó un primer paquete de 43 empresas formadas expresamente para evadir impuestos mediante la emisión de facturas para simular operaciones, destacó que cada año se estaba desfalcando al fisco con casi 500 mil millones de pesos.

Por ello se hizo necesario equiparar la evasión fiscal con delincuencia organizada e incorporar penas de cárcel, agregó. “A grandes males, grandes remedios (…) Si estamos hablando que la evasión era de casi 500 mil millones de pesos, de ese tamaño debía ser el remedio”, resolvió.

La víspera, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación que 100 contribuyentes pasaron de ser presuntos factureros a considerarse registros definitivos en el listado 69-B. Bajo dicha categoría las 77 empresas que se incluyeron en este listado y el resto de personas físicas no pudieron comprobar operaciones reales en el plazo que les dio la autoridad fiscal.

Romero Aranda explicó que en los casos de empresas que hayan adquirido los servicios de factureras antes de 2020, se puede llegar a un acuerdo reparatorio, es decir, evitar otros procedimientos si la empresa o persona física que haya incurrido en la irregularidad lo pide y paga todos los pendientes fiscales que arrastra.

Pero el acuerdo reparatorio es uno en la vida, si una empresa vuelva a incurrir en evasión, el mecanismo ya no aplica. En ese sentido, añadió que ya en el ejercicio fiscal 2020 esta salida no es posible dada la nueva regulación.

Ello no implica judicializar todos los casos, puntualizó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). Sólo donde sea patente un comportamiento sistemático de evasión y en el que estén vinculados al menos tres actores cuenta como delincuencia organizada.

Subrayó que a lo largo del procedimiento las empresas investigadas pueden documentar la materialidad de las operaciones por las que pagaron, mientras la PFF debe por su parte presentar pruebas de que el esquema estaba diseñado para mentir y evadir impuestos.

Recalcó que en caso de que una persona o empresa se encuentre como clienta de una facturera, los mecanismos fiscales dan un plazo de tres meses para que se regularice. Si al cabo de ese tiempo no lo hace podemos presumir que sí hubo un acuerdo criminal y ese contribuyente sería contemplado para un procedimiento penal.

Frente a la bandera que el año pasado empresarios y partidos políticos izaron en contra de los cambios penales, el llamado terrorismo fiscal, Romero subrayó que al contrario se habían relajado las reglas, pero ahora implican un piso parejo para la inversión. Si ya sabes que tienes que pagar, no hay lugar a interpretación, asentó.