El gobierno federal mexicano obtuvo un préstamo del Banco Mundial (BM) por mil millones de dólares, alrededor de una quinta parte del techo de endeudamiento externo que tiene aprobado para este año. El objetivo es equipar la política de inclusión financiera en el contexto de la crisis por el Covid-19.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que el Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés) no tiene destino específico, no implica rebasar el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y no va a financiar el programa de respuesta al Covid-19.

Tanto la aprobación del préstamo como el documento que el directorio del BM analizó llevan el nombre Covid-19. Financiamiento de la política de desarrollo de acceso financiero. Sin embargo, a ambos precede un proyecto del 31 de enero –previo a la llegada de la enfermedad al país– en el que se evalúa un DPL por 500 millones de dólares para el acceso a finanzas e identificación.

En una carta que Yorio envió a David Malpass, presidente del BM, el 13 de abril, el subsecretario explicó que el préstamo es para apoyar la política pública en el sector financiero, considerando sus efectos en la respuesta y recuperación de la pandemia Covid-19, así como la profundización de la inclusión financiera en el país.

Todos los documentos, hechos públicos por el BM, detallan que desde el 19 de mayo el directorio aprobó el préstamo y el 31 de mayo, ya firmadas las condiciones crediticias, se cerró la negociación.

Las cláusulas plantean que Hacienda y el banco intercambiarán periódicamente, a solicitud de cualquiera de las partes, opiniones sobre el marco de política macroeconómica de México y el progreso logrado en la ejecución el programa para el que se pidió el crédito.

De acuerdo con el análisis presentado al directorio del BM, el riesgo de la operación es sustancial, dado el marco macroeconómico del país y el incremento de vulnerabilidades de Petróleos Mexicanos.

Existe un alto grado de incertidumbre en cuanto a la duración de la pandemia en diferentes países, incluido México, y sus ramificaciones económicas, sociales y de salud en cada economía. Además, tampoco se sabe cuándo se estabilizarán los canales de transmisión de la crisis, como el comercio, las finanzas y los precios de los productos básicos.

Agregó que, además de la protección al empleo y a las micro, pequeñas y medianas empresas, las autoridades deberán maniobrar el impulso fiscal necesario a corto plazo con un marco fiscal prudente en el mediano. De cara a 2021, la recuperación esperada se puede ralentizar si no se elimina la incertidumbre de la política sectorial con respecto a la inversión privada (incluso en el sector energético), agregó el BM.

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2020, el gobierno federal puede contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, canjear o refinanciar operaciones en los mercados internacionales hasta por 5 mil 300 millones de dólares, cantidad que incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales.

Hasta abril pasado las obligaciones del gobierno federal con estos últimos (BM y Banco Interamericano de Desarrollo) fue de 27 mil 725.7 millones de pesos. La nueva deuda contratada con el Banco Mundial, México la deberá pagar los días 15 de marzo y septiembre de cada año.