En 2007 se inició otra curva ascendente en el país: la del número de personas desaparecidas. Trece años después, la Secretaría de Gobernación (SG) y las comisiones locales del ramo elaboraron un plan homologado de búsqueda para hacer frente a un problema con más de 61 mil reportes de personas desaparecidas en México, 97 por ciento en los tres pasados lustros.

En medio de la otra curva ocasionada por el coronavirus, el protocolo de búsqueda fue presentado a manera de proyecto para que grupos civiles y familiares de víctimas propongan cambios, pero también con el fin de que, una vez en operación, sean piezas claves en el éxito de la indagatoria.

En el documento se plantean aspectos elementales que en otra circunstancia podrían parecer lógicos, pero en la práctica no se llevan a cabo; por ejemplo, que los agentes investigadores sean empáticos con la desgracia que viven los afectados, y que los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada: desde panteones hasta fiscalías, comisiones de búsqueda, archivos, autoridades electorales, diplomáticas y de seguridad, entre otras.

También que se tomen en cuenta todos los puntos en el hallazgo de restos humanos, no sólo las fosas, y que en toda desaparición de una mujer se presuma la comisión de un delito.

El protocolo establece las funciones de cada autoridad y pondera distintos conceptos de búsqueda: inmediata, individualizada, por patrones, de familia y generalizada, desde base de datos como con despliegue operativo.

De inmediato surgieron reacciones en redes sociales de quienes no tienen claro por qué esperar 72 horas en ciertos casos o hasta cinco días para que la autoridad inicie una investigación.

Otra de las metas en el protocolo es fijar metodologías profesionales con la perspectiva de carácter humanitario, género, niñez, adolescentes y migrantes.

Hace énfasis en la importancia de la investigación con exhaustividad, continuidad, permanencia, sistematicidad y, sobre todo, de manera coordinada con la presunción y preservación de la vida.

Para la búsqueda lo relevante no es cómo se clasifica lo que le hicieron a la persona (o se cree que le hicieron), sino el hecho de que no está... Todas las autoridades ministeriales están obligadas a impulsar la búsqueda, independientemente del tipo penal que se persiga en la averiguación previa o carpeta de investigación, se indica en el proyecto presentado.

El texto fue elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG y la Comisión Nacional de Búsqueda, en colaboración con las comisiones locales en la materia.

El proceso de participación para analizar y eventualmente modificar el protocolo será del 5 de mayo al 5 de junio de este año, por medio de foros regionales virtuales, ante la emergencia sanitaria.

Al término de la consulta, el proyecto se presentará, para su emisión, en el Sistema Nacional de Búsqueda.